Torpeza e ignorancia

Nadie advirtió, hasta ayer, en el Senado, que el nuevo proyecto de ley de seguridad vial de Cristina de Kirchner crea un impuesto. Será una tasa de 1% sobre las pólizas de seguros que, por prohibición constitucional, el Senado no puede votar. Así, no sólo subirá el costo de los seguros, también se le demorará el anuncio a la Presidente.

Se terminó de complicar ayer la Ley de Seguridad Vial que Cristina de Kirchner le pidió al Congreso. Cuando los senadores comenzaron a analizar la letra chica, encontraron que el proyecto crea un impuesto de 1% sobre las pólizas de seguros automotores para financiar la nueva Agencia de Seguridad Vial que controlará desde la emisión de registros por puntos en todo el país, la emisión de multas por infracciones y los bancos de datos con la información unificada de todas las provincias. Se quedará así la Nación con unos $ 70 millones provenientes del nuevo tributo, al aplicarse sobre un stock de pólizas automotores que ya supera los $ 7.000 millones. Más allá del aumento que significará en los seguros, ese punto no puede ser aprobado por el Senado ya que la Constitución le prohíbe crear impuestos. De hecho, el impedimento ayer fue reconocido por el Frente para la Victoria, por lo que el proyecto sufrirá una nueva demora.

Pero, además, la iniciativa contiene otro conflicto en potencia: fija también como ingreso de la Agencia Nacional parte de los fondos que cobran los municipios por emisión de registros de conductor y el servicio de infracciones.

El problema surgió cuando los senadores -que ya aprobaron el Convenio Federal sobre Seguridad de Tránsito y ahora estudian la ley- analizaron un artículo del proyecto que fija cómo se financiará la Agencia Nacional de Seguridad Vial, encargada de controlarno sólo el plan de seguridad,sino también la emisión de registros de conducir por puntos y la aplicación de sanciones.

Allí se establece que contará con los fondos que se fijen en el Presupuesto nacional, los « fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las tasas administrativas que se establezcan por reglamentación en materia del sistema único de infracciones, licencias de conducir y otros servicios administrativos» y, entre otros rubros, «1% de las pólizas de los seguros de automotores bajo la modalidad operatoria establecida por la reglamentación».

Es decir que la ley no sólo está creando un impuesto sobre las pólizas de seguros, que presionará ahora para que vuelven a subir, sino que también establece una transferencia a favor de la Nación de parte de los fondos que recaudan los municipios y las provincias por la emisión que hoy hacen de los registros de conducir y, sobre todo, el servicio de aplicación de multas por infracciones que cobran a los infractores.

Cuando el proyecto llegó al Senado, nadie se percató de que el artículo de la ley no podría ser votado en esa Cámara. La Constituciónnacional establece expresamente que ningún proyecto que disponga la creación de un impuesto o carga puede tener al Senado como cámara iniciadora. Por supuesto que históricamente los senadores han intentado zafar de esa limitación. Inclusive han recurrido a la Corte Suprema en una ocasión, pero lo cierto es que cualquier ley impositiva votada en esas condiciones puede ser luego declarada inconstitucional.

Por eso ayer desde el bloque kirchnerista comenzaron a analizar una salida. Así pueden ser tres los caminos a seguir: eliminar el artículo sobre el financiamiento de la Agencia Nacional y que Diputados luego lo incorpore; que se envíe desde el gobierno una nueva ley o que ésta vuelva a ser presentada en la Cámara baja.

Con cualquiera de esas salidas se solucionaría el problema técnico de aprobar un nuevo impuesto, pero hay otros conflictos que ya se generaron:

En primer lugar, una ley «unitaria» como ésta plantea un conflicto con los intendentes que hoy son quienes cobran las tasas por emisión de registros y servicios por infracciones, y que ahora deberán coparticipar esos fondos con la Nación.

En Diputados ya se reconoció anoche que ese cambio resentirá los ya magros controles de tránsito en muchas ciudades: «Esto es como los impuestos nacionales, que se caliente en cobrarlos el que se lleva la plata. Si el intendente no es más el responsable del tránsito, el que mete las multas y se pelea por cobrarlas, todo va a ser un viva la pepa. No veo al gobierno mandando inspectores a todo el país», confiaba un diputado del Frente para la Victoria.   

Pero, además, al modificar la estructura financiera de los servicios de tránsito, se debería llamar también a los intendentes para que den el visto bueno en el Convenio Federal que sólo firmaron los gobernadores, acuerdo que ya fue aprobado por el Senado, dictaminado en Diputados y se espera que se vote en esa cámara la semana próxima.

Queda pendiente también la discusión sobre las pólizas de seguro. Un impuesto de 1% sobre ellas significará un ingreso de mas de $ 70 millones para la Agencia Nacional, pero presionará sobre los precios de los seguros automotores en todo el país y directamente también sobre la inflación. Se sumará a que por estos meses las empresas de seguro están notificando a sus clientes aumentos promedio de 30% para las pólizas sobre vehículos.

Eso sí, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no tendrá problemas impositivos. El artículo 14 de la ley establece que «sus utilidades no estarán sujetas al Impuesto a las Ganancias, y sus bienes y operaciones recibirán el mismo tratamiento impositivo que los actos y bienes del gobierno nacional».