Crisis e intervención policial en un gremio agita la interna de la CGT

Política

La Justicia volteó una elección en el sindicato del Seguro que había encumbrado a Jorge Sola, actual vocero de la central obrera. Si rival lo denunció por "usurpación".

Una denuncia por supuesta usurpación con intervención policial y desplazamiento de las autoridades durante todo el fin de semana puso al descubierto una crisis sin precedentes en el gremio del Seguro, de presencia activa en el ámbito de la CGT y codiciado por contar con una estructura y un flujo financiero apetecibles. La disputa concitó el apoyo al oficialismo del sindicato por parte del Consejo Directivo de la central obrera y, de manera más sutil, del tándem Luis Barrionuevo-Enrique “Coti” Nosiglia para los opositores internos.

El conflicto se focalizó entre el secretario general Raúl Martínez, con apoyo del gremial y encargado de Prensa de la CGT, Jorge Sola, ambos de la lista Blanca, y el adjunto Miguel Méndez, referente de la opositora Celeste y Blanca. Arrancó en marzo de 2018 con una ruptura de la alianza interna entre ambas listas, siguió en julio del año pasado con elecciones anticipadas que la oposición desconoció, y terminó de estallar el viernes cuando dos policías arribaron a la sede del Sindicato del Seguro y la obra social (Osseg), en Carlos Pellegrini 575, con una orden de desalojo de una fiscal en respuesta a la denuncia de usurpación presentada por Méndez.

Como antecedente la crisis guarda similitudes con la del sindicato del personal de seguridad (Upsra) durante el gobierno de Mauricio Macri: aquella gestión, mediante resoluciones de la Justicia federal, llegó a intervenirlo para desplazar a Ángel García, exaliado histórico de Barrionuevo, y poner en su lugar a abogados cercanos al líder gastronómico. También en esa oportunidad en CGT destacaban la intervención de Nosiglia como actor central. A diferencia de aquel conflicto, en el del Seguro el gobierno actual apostó por una solución negociada entre las partes en conflicto.

El lunes, referentes de ambas listas intentaron volver a la sede del gremio al mismo tiempo y hubo momentos de gran tensión hasta que una mediación judicial habilitó un acuerdo y el levantamiento de la interdicción que había arrancado el viernes por orden de la fiscal en lo Penal y Contravencional porteña Valeria Massaglia, quien había atendido en un principio la denuncia por presunta usurpación. En el medio la cúpula de la CGT ya había pedido una gestión pacificadora al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques.

La crisis sacudió la relativa modorra que la pandemia impuso en las internas sindicales. Antes del fin de semana Sola había conseguido pronunciamientos a favor de la lista oficialista de parte del Consejo Directivo de la CGT y de grupos de gremios como la CATT (organizaciones del transporte), Catheda (energía) y Semun (bloque heterogéneo que orienta el ferroviario Sergio Sasia). En todos los casos aludieron a un fallo de la Sala VII de la Cámara nacional de apelaciones del Trabajo que terminó de sepultar la validez de las elecciones del 3 de julio de 2019 que habían convertido a Sola en secretario general.

Aquellos comicios, en los que participaron más de 10 mil de los 19.182 afiliados, se habían concretado sin lista opositora y antes de los plazos previstos una vez que Martínez hizo saber su intención de abandonar la jefatura y bendecir a Sola como su sucesor. Con el respaldo del 97% de aquellos votos Sola asumió como nuevo secretario general entre mayo y agosto de este año hasta que el fuero laboral le quitó validez al proceso electoral.

La maraña interna incluyó además un primer apoyo a la pretensión oficialista del exministro de Producción y Trabajo Dante Sica, en el gobierno de Macri, y paradójicamente un revés de su entonces secretario de Trabajo, Lucas Aparicio. Un pronunciamiento posterior del actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sobre la validez de las elecciones no bastó para acallar la crisis. La lista Blanca declaró, entonces, su intención de rehacer los comicios una vez que las restricciones de la pandemia lo permitieran. Las normas de aislamiento prorrogaron todos los mandatos sindicales y en el caso del Seguro, recién en septiembre correrán los seis meses de plazo para el llamado a nuevas elecciones.

La puja también tiene su expresión en las representaciones letradas de los contendientes: la oficialista nómina Blanca cuenta con el patrocinio de Gustavo Ciampa, abogado histórico de la línea de Héctor Recalde, en tanto que el representante legal de Méndez y su lista Celeste y Blanca es Enrique Rodríguez, exministro de Trabajo de Carlos Menem a principios de los 90.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario