Traspié del gobierno

El gobierno desperdició ayer su última oportunidad de defender -antes del debate legislativo- la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, que será tratada este mes en Diputados. Con la excepción de Alberto Iribarne, ministro de Justicia de la Nación, los representantes del oficialismo, encabezados por la ultrakirchnerista Diana Conti y el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, fueron abucheados en el debate celebrado en la Facultad de Derecho de la UBA. Expertos juristas, abogados y políticos opositores coincidieron -quizás en un foro crítico al manejo que hace el gobierno de la Justicia- en rechazar la politización del Consejo impulsada desde el gobierno, por ser violatoria de la independencia del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Alberto Iribarne -sentado junto al decano Atilio Alterini-, defendió la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa el gobierno ante la mirada crítica del senador Ricardo Gómez Diez, Jorge Vanossi, Ricardo Gil Lavedra y Cristina Alvarez Rodríguez. El debate organizado por Conciencia fue ayer en la Facultad de Derecho de la UBA.

A confesión de parte, relevo de prueba. Este principio jurídico básico del derecho sirve para graficar el diálogo de sordos que ayer protagonizaron el oficialismo y la oposición por la reforma del Consejo de la Magistratura. Cada vez que expertos juristas, diputados y políticos opositores criticaban la iniciativa del gobierno de politizar un órgano destinado a controlar el poder político, el gobierno respondía que su reforma era justamente para aumentar la representación de los órganos políticos.

El Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA lucía ayer a la tarde colmado de alumnos, abogados de todas las edades, profesores de la casa y especialistas en leyes de renombre. Los representantes de las diferentes asociaciones de letrados, en general divididos por pujas internas, bromeaban en los pasillos sobre la comunión que entre ellos había generado el rechazo al proyecto oficialista. Sin embargo, el gobierno decidió una vez más ignorar el clamor del mundo jurídico académico y de personalidades con una larga trayectoria en el estudio de las leyes como Ricardo Gil Lavedra, Jorge Vanossi, Daniel Sabsay y Juan Vicente Solá.

La primera mesa de debate, «Integración del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento», fue presentada por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, quien realizó por primera vez una defensa pública de la iniciativa oficialista. Iribarne argumentó que el objetivo de la reestructuración de este órgano colegiado era justamente aumentar la representatividad de los sectores elegidos democráticamente. «Sí se privilegió la representatividad de los órganos populares», admitió el ministro ante el auditorio, y remarcó que otro de los objetivos era paliar por esta vía el descrédito de la Justicia ante la sociedad.

Luego fue el diputado por La Matanza Luis Cigogna, el brazo «balestrinista» que preside la Comisión de Justicia, el encargado de explicar por qué el gobierno quiere reducir de 20 a 13 los integrantes del Consejo, arrogándose así poder de veto en la designación y remoción de jueces que requieren el voto de las 2/3 partes de los miembros del órgano. «Equilibrio no es igualdad. El artículo 114 de la Constitución dice que debe procurarse el equilibrio, ni siquiera lo exige. Nosotros reivindicamos una mayoría en la representación de los órganos electos popularmente, pero no una hegemonía.» Los abogados, jueces y hasta los estudiantes de Derecho que cursaban sus primeras materias asistían absortos a la confesión pública, sin tapujos, de la intención manifiesta del oficialismo de politizar un espacio creado justamente para poner límites al poder político.

Ricardo Gil Lavedra se apropió de los argumentos esgrimidos por el gobierno para explicar la inconstitucionalidad de la medida. «El Consejo de la Magistratura, tanto en el derecho europeo, de donde proviene, como en el nuestro, sólo se justifica para garantizar la independencia de la Justicia del poder político. La Justicia es un poder contramayoritario destinado a controlar el poder de la mayoría y garantizar que la designación de los jueces no esté influida por el ámbito político. Está bien alejar a los jueces de las mayorías. El artículo 114 de la Carta Magna habla de procurar el equilibrio en la conformación del Consejo, es decir que ningún sector prevalezca sobre otro ni pueda bloquear sus decisiones.» El actual proyecto contempla que cuatro legisladores oficialistas (dos senadores y dos diputados) y un representante del Poder Ejecutivo integrarán un consejo de 13 miembros. «El plan del gobierno disminuye desproporcionadamente la cantidad de miembros porque ningún aspirante a juez va a poder integrar una terna si el gobieno no está de acuerdo. Esto viola la independencia de la Justicia», disparó Gil Lavedra.

• Falacias

Además, refutó las falacias que utiliza el gobierno para camuflar los aspectos negativos de la reforma. «El kirchnerismo incursiona en una falacia 'ad hominem'. Dice que no hay razón para desconfiar de ellos porque renovaron la Corte Suprema. Si bien esto es cierto, no prueba que vayan a hacer lo mismo en el Consejo de la Magistratura», concluyó.

Un párrafo aparte merece el procurador general de la Nación, Osvaldo Guglielmino, quien fue abucheado por la tribuna en reiteradas ocasiones. Cuando denunció una campaña mediática en contra del gobierno, desde el auditorio le gritaban que exponga argumentos jurídicos. Los senadores y diputados presentes en la sala se sorprendían, además, por el desconocimiento y el desmanejo del tema que demostró el abogado del Poder Ejecutivo en cada una de sus alocuciones. «Pedí permiso y vine porque quise», admitió

Guglielmino, dejando mal parado una vez más al gobierno. Grave en el hombre cuya función es representar al Estado en los juicios, una tarea incompatible con la intemperancia.

Marcela Rodríguez, del ARI, coincidió con las críticas expuestas por Gil Lavedra y el senador nacional salteño Ricardo Gómez Diez. Vilma Ibarra, que defendió el proyecto del gobierno, pidió a los presentes que no sean ingenuos al pensar que el sector de jueces y abogados no estaba politizado.

Una ausencia significativa fue la del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi.

En el segundo debate sobre «Cómo mejorar el desempeño del Consejo», Margarita Stolbizer (UCR), Jorge Vanossi (PRO) y la abogada María Angélica Gelli renovaron la munición pesada contra la politización del órgano colegiado y debieron contener a la diputada ultrakirchnerista Diana Conti que dijo que la representación popular era más importante que la del Poder Judicial.