Tucumán y Entre Ríos, en medio de graves crisis

Tras la anticipada salida del poder que sufrió el gobernador de San Juan Alfredo Avelín -vía suspensión por 30 días-, se traslada ahora la atención a otras provincias cuyas cúpulas dirigenciales enfrentan agudas crisis que podrían provocar desenlaces similares. Los casos que más suenan hoy son los de Tucumán y Entre Ríos, cuyos gobiernos se debaten entre el juicio político, el primero, y la intervención federal, el segundo.

El gobernador entrerriano, Sergio Montiel, está negociando furiosamente para evitar que la Legislatura le inicie este lunes un proceso de enjuiciamiento político. A lo que apunta es a dejar correr el tiempo y a que se desgaste la oposición, a la cual le resultará casi imposible lograr quórum para el tratamiento de los dictámenes de la Comisión de Juicio Político el próximo lunes.

Aun así, también se especula con que los 19 legisladores que quieren iniciarle el juicio a Montiel persistirían en su intención hasta lograr el quórum de inicio, para el cual le faltan apenas dos bancas, pero con la contra de que pertenecen a adeptos a Montiel.

El supuesto as que guarda en la manga el mandatario radical es la reciente promesa de la Nación de enviarle fondos antes de que termine esta semana. Serán unos $ 8 millones -correspondientes al Pacto Fiscal con que premian el ajuste que se implementará vía decreto-que serán destinados a pago de sueldos y a la operatoria de canje de los locales bonos federales.

Todo esto se negocia dentro de un contexto más que denso en la provincia (ayer por la noche renunció el secretario general de la Gobernación Gabriel Ferro) en el cual los gremios estatales no están dispuestos a aceptar el ajuste definido por Montiel el martes. Un grupo de manifestantes tomó ayer la Secretaría de Salud y causó algunos destrozos en su interior; se organizan marchas en la ciudad de Paraná y se espera una fuerte repercusión de la jornada nacional de protesta convocada por sectores de izquierda para la jornada de mañana.

El caso de Tucumán se presenta como más urgente, ya que el Poder Ejecutivo comandado por el justicialista Julio Miranda y la Legislatura podrían ver intervenidos sus mandatos por el gobierno federal. En esto trabajará la Comisión de Asuntos Constitucionales, que la semana próxima definirá los pasos a seguir en la consideración de los distintos proyectos que promueven la intervención.

Así lo resolvieron ayer diputados del PJ y de la UCR en el marco de una reunión de la comisión en que fueron literalmente «apurados» por el diputado frepasista José Vitar -que no es miembro de la comisión, pero impulsa uno de los proyectos-, que los acusó de pretender «cajonear» los pedidos de intervención planteados por Fuerza Republicana, UCR, Frepaso y un sector del PJ. Vitar incluso criticó públicamente al presidente de la Comisión en cuestión, el justicialista Juan Manuel Urtubey, por haber señalado la semana pasada que «prima facie» consideraba que en Tucumán se encontraba en funcionamiento «el sistema republicano de gobierno».

Los legisladores que promueven las iniciativas de intervención coinciden en denunciar la «inexistencia del sistema republicano de gobierno en la provincia, dada la no existencia de la división de poderes reflejada en una supuesta «connivencia» entre el Legislativo y el Ejecutivo locales.

Todo parte desde que fuera denunciado el pago de coimas del Ejecutivo a 27 legisladores para que votaran en febrero pasado a favor de la reforma constitucional que permite la reelección en el cargo de gobernador.