Un fiscal de De la Sota cobraba por dos empleos

La empresa Papel Prensa, bajo el control de «Clarín», respondió -aunque tardíamente- un pedido de informe de la bancada de Diputados de la Unión Cívica Radical en el que cuestionaba la designación del fiscal anticorrupción, Luis Juez, por parte de José Manuel de la Sota, argumentando incompatibilidad «ética» para desempeñar la función. Efectivamente, la empresa Papel Prensa confirmó que Juez se desempeñó como miembro titular del Consejo de Vigilancia de esa firma (en representación del Estado nacional desde el 28 de abril de 1992 hasta el 30 de abril de 1997) percibiendo en todos esos años un total de 330.983 pesos (dó-lares en esa época) en concepto de remuneraciones. La incompatibilidad entre este cargo y su banca de diputado provincial fue motivo de un pedido de informe de la UCR que lleva la firma de Abelardo Karl, Ricardo Busso, Elba Gonzalo, Camilo Sticca, Alfredo Blanco, Héctor Dulla, Elcira Salazar de Fino, Pudríais Arias, Amanda Annovassi, Carlos Cornaglia, Noris Tais, Norberto Bergami, Jorge Font, Jorge Jaureguiberry y Pablo Farías. De acuerdo con esta documentación, Juez (quien debe encargarse del control ético y la transparencia en la provincia) habría incurrido en incompatibilidad al detentar el cargo de consejero y el de diputado provincial (en años en que se percibía adicional por dedicación exclusiva, pese a haber él estado contratado en Papel Prensa).

• Como legislador estuvo entre el 17 de agosto del '94 -en reemplazo del menemista Esteban Llamosas-y el 24 de noviembre del '95; y de esa fecha al 11 de diciembre de 1996 cuando renunció con el insólito argumento de «imposibilidad moral de continuar con el mandato popular que me fuera oportunamente confiado». Afecto a los golpes de efecto mediáticos, Juez criticó en esa oportunidad un aumento de sueldo que habían decretado sus pares, y aprovechó la oportunidad para una salida honorable. Posteriormente, y sin reparar en ningún cansancio moral, realizó como fiscal anticorrupción las siguientes denuncias:

• Abrió investigaciones por incompatibilidad funcional (la misma en la que él habría incurrido en los años '94 al '96) a una docente de Cruz del Eje, Ana María Oldano de Muñoz, por «desempeñarse como directora y profesora en la Escuela República del Perú». En febrero del año pasado, Juez, un conocedor del tema, había implementado un «programa de detección de incompatibilidades en los puestos públicos».

• Pero sin dudas, la actuación que más réditos mediáticos le brindó fue cuando denunció por incompatibilidades a dos, en ese entonces funcionarios de la gestión de José Manuel de la Sota. Acusó al ex secretario de Seguridad, Aldo Abril; y a la actual jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia, Graciela Lucientes de Funes, por ser titulares de registros de la Propiedad Automotor Nº 4 y 15, respectivamente.

• Sólo en el año '94 Juez percibió en Papel Prensa, y ya siendo diputado suplente, 82.824 (dólares); en el '95, 74.916; y en el '96, 74.916.