El proyecto aprobado casi por unanimidad en Diputados alcanzó dictamen en un plenario de la Cámara alta. Podría tratarse el 19 de noviembre.
La tensión por los fondos para discapacidad inició en 2024.
A partir de los apoyos de libertarios, aliados y peronistas, avanzó en el Senado el proyecto de fondos para discapacidad que busca reemplazar la actual ley 27.793, de emergencia nacional, que vence el 31 de diciembre de este año. El debate legislativo ocurre en medio de las medidas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que dejó sin efecto pensiones por invalidez que se habían restituido por orden judicial.
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El dictamen tuvo un respaldo mayoritario en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Población, lo que replicaría lo ocurrido en la sesión que aprobó el proyecto en Diputados, con 237 votos a favor, 9 rechazos y 4 abstenciones. Según pudo conocer este medio, la intención oficialista es elevar la propuesta para su votación el 19 de noviembre, en una sesión en la que también podría incluirse la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El principal rechazo se expresó en la representante del oficialismo cordobés, Alejandra Vigo, en consonancia con el bloque en Diputados (que fue casi el único bloque que votó en contra). La senadora achacó que la actual redacción asume una compensación del 28% y que "el nomenclador único está 43% abajo que en el 2017"; pidió establecer una vigencia temporal de la norma; instó a remover la definición de "ingresos netos" porque "hace incompatible la pensión con otras prestaciones, como puede ser la AUH", y aseguró que "no se contempla que las provincias están llevando adelante a sus espaldas el financiamiento".
El límite de ingresos para percibir la prestación son dos salarios mínimos vital y móvil, que para noviembre del 2026 son $797.600, y el monto representa el 70% de una jubilación mínima, que alcanzan los $310.910. El costo fiscal del proyecto de ley se estima en $598.912 millones (0,04% del PBI) para el año 2027 y asciende a más de $1,2 billones (0,07% del PBI) para 2028, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aún queda vigente si se elimina del proyecto del Presupuesto 2027 los artículos que van del 36° al 41°, que contradicen a varios de los planteos de esta ley y golpean a los fondos que recibiría este colectivo.
La iniciativa por discapacidad elimina la figura de emergencia y propone: