Una nación insoluble

No existe aún la manera de hacer una elección transparente. El decreto que hoy lanza el gobierno hace agua por varios lados porque siguen basándose en «padrones partidarios» que están desactualizados e inclusive alterados como todos lo saben, hasta los funcionarios que los redactan. Como trascendió el decreto para internas el 24 de noviembre, o eventualmente postergadas hasta diciembre, se basaría en que sólo pueden votar en la interna de cada partido que tenga varias listas los afiliados y los independientes. O sea, se buscaría evitar el «voto travesti» que surgiría de que los afiliados de un partido puedan ir a sufragar a la interna de otro, simplemente porque en el suyo poseen lista única y no tienen interna.

El panorama es siempre el mismo, por más decretos que lance el gobierno. Podría ser una «parodia de internas» con alto riesgo de ser fraudulentas por ese reiterado hecho de que los «padrones partidarios» no son confiables. Pensemos que el famoso padrón de la provincia de Buenos Aires supera el millón y medio de presuntos «afiliados reales», cuando nunca fue actualizado desde 1983. Hay que admitir que el esfuerzo del gobierno por buscar la transparencia ha mejorado ya que, inclusive, se votarían en locales diferenciados para cada partido. En la provincia de Buenos Aires, en una elección general para todos los partidos, funcionan 30 mil mesas y alrededor de 3 mil locales, general-mente escuelas. Si sólo fueran a estas internas el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, se necesitarían por lo menos 6 mil locales habilitados con las respectivas autoridades. No se necesitarían 60 mil mesas porque el voto a internas no es obligatorio y se estima que los independientes que se suman son 30%; significarían unas 20 mil mesas con los correspondientes fiscales de cada una de las fórmulas justicialista y radical. Ni pensar qué ocurriría si hay internas de más partidos porque en la provincia de Buenos Aires hay más de 100 partidos políticos incluyendo a los vecinales.

Además costará entre 25 y 30 millones de pesos que pagará el gobierno por haberlas dispuesto sin que sirva a los efectos de democratizar la actividad política.

Pero tampoco se puede sancionar una «ley de lemas» porque al duhaldismo no le conviene y porque, además, sería tachada de anticonstitucional (la Carta Magna habla de «fórmulas más votadas» a la segunda vuelta, o sea al ballottage, y no de sumar votos de distintas fórmulas de un partido a la que reúna más sufragios, además de hablar la Constitución de voto «directo» y trasladado a otra fórmula, aun del partido, podría ser «indirecto» del sufragante como ocurría antes de la reforma de 1994 cuando se votaba para electores del Colegio Electoral que elegían finalmente al Presidente).

Es casi insoluble el problema y podría derivar en «internas» que serían una parodia el 24 de noviembre y una elección presidencial con enorme cantidad de fórmulas con el riesgo de un futuro gobierno totalmente débil porque pueden terminar consagradas para la segunda vuelta dos fórmulas que reúnan apenas 24%, 12% cada una, y quedar afuera, por ejemplo, el justicialismo aunque en la vuelta inicial tenga 50% de los votos pero diseminados en 5 fórmulas de 10 y 11% cada una. Resultaría un gobierno absurdo.

Pero no sólo en lo político es insoluble el país. También en lo económico. A las entidades financieras que pidieron redescuentos por 18.000 millones de pesos al Banco Central (todos los oficiales y algunos privados comenzando por el Galicia) para hacer frente a los amparos y salidas de depósitos no se les cobraría la deuda (no pueden hacerlo) y la cancelarían con los títulos argentinos (viejos BOCON, Global, Brady, etc.). Tendrían así buenos balances y lograrían colocar bonos que hoy están totalmente desvalorizados por el default. Está bien pero ¿y los bancos privados que no pidieron nunca redescuentos, los que cumplieron lo que tanto se les exigía de afrontar los pagos a ahorristas con dinero propio o de sus casas matrices como el Citibank, BankBoston, muy poco el Río y otros? Estos, los que cumplieron, quedarían en peor condición en sus balances y se beneficiarían sus competidores que sobrevivieron con esos redescuentos. No es que en un caso sea justo y en otro injusto sino que es prácticamente otro problema insoluble en esta Argentina que hasta en lo formal no puede encontrar salidas ni políticas ni económicas como consecuencia de la tremenda crisis.