Una receta para tener hospitales

El gobierno ha confundido una vez más técnica con economía. La potencialidad productiva desplegada en el sector agropecuario no implica que la Argentina se haya convertido en un paraíso, en el sentido de que exista disponibilidad de todo para todos. El logro de los niveles de ingreso alcanzados en el cultivo de soja es el resultado de un largo esfuerzo de creación científica, técnica y productiva, aun sin el marco de adecuadas instituciones políticas y económicas. No es obra de la magia ni del milagro. Esta indebida identificación de lo económico con lo técnico está en la raíz del análisis marxista del capital, considerándolo como resultado de la plusvalía, es decir, del trabajo realizado y no pagado, o en la «renta excesiva».

En algunos países africanos, cada vez que un conflicto pone en jaque al sistema, aparece un «gobierno de salvación». Está casi siempre integrado por un médico que estudió en Londres, convencido de que el problema es contar con hospitales parecidos a los ingleses, y un abogado que estudió en París, que quiere una Constitución igual a la francesa. Los objetivos son tan altos, que no tienen manera de cumplirlos, en particular por las normas y los sistemas que afectan el funcionamiento posterior.

Financiadores

En la Argentina, los financiadores del sistema de salud son tres. El estado, a través del PAMI, las obras sociales sindicales y un tercer sector privado integrado por los sistemas de medicina prepaga. No se explica cómo el sistema privado de salud cuenta con el financiamiento para construir hospitales en cualquier parte, mientras el sistema estatal no puede cumplir con sus planes ni siquiera de mantenimiento. Tal vez la raíz del problema esté en la seguridad del pago a los dueños de los equipos o a los profesionales intervinientes en una prestación, que tienen terror de contratar con el Estado por su habitual abuso de las normas.

La demanda de salud no es un problema hospitalario: en este momento hay hospitales inaugurados hace escaso tiempo, que no funcionan por falta de administración, incluyendo la designación de los médicos especialistas. El problema argentino es de seguridad jurídica, no de economía: la falta de crédito es sólo una consecuencia de la falta de seguridad jurídica. Ambos caminos hoy son difíciles de recorrer, pero no imposibles. Pero el gobierno piensa que sólo puede obtener recursos si simplemente se los quita a alguien. En 1803, la Corte de los Estados Unidos, en el caso «Marbury vs. Madison» reafirmó el poder conferido por la Constitución de revisar judicialmente las leyes, señalando que la Constitución no sólo debía contar con poderes específicos sino también crear sus propias sanciones por medio de poderes implícitos, «en particular si los políticos populistas, aprovechando la difusión del sufragio, atacan la propiedad legítima para congraciarse con el populacho: no hay diferencia entre la chusma que se apoderara de La Bastilla por la fuerza y una turba legislativa que intente tomarla sirviéndose de una ley inconstitucional». Cuando existe un Poder Judicial independiente no es necesario robarse los depósitos o la soja para financiar el déficit público, aunque se lo disfrace de déficit social.