Todos los pasos que se fueron dando en la causa que se sigue en Miami contra los tres venezolanos y el uruguayo acusados de actuar como agentes extranjeros en territorio de los EE.UU. y conspirar para silenciar a Guido Antonini Wilson siguen en el terreno de lo previsible. El viernes pasado, el abogado de Carlos Kauffmann, uno de los implicados, presentó un escrito pidiendo su excarcelación en el que explica que haber intentado ocultar que el dinero que llegó a Aeroparque en la valija que portaba Antonini Wilson era para la campaña presidencial no fue un acto de conspiración ni una amenaza para los EE.UU.
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El argumento es más que simple y no significa un capítulo más de la «operación basura» que denunció el gobierno de Cristina de Kirchner: haber llevado fondos sin declarar a Buenos Aires desde Caracas no es un delito que pueda ser juzgado en Miami y, según considera la defensa de Kauffmann, su ocultamiento no compromete la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Con ese argumento, Neil Schuster, el patrocinante de Kauffmann, acusó a la Fiscalía de haber cambiado la argumentación inicial al no mencionar más el destino de los fondos -como lo hizo Thomas Mulvihill en el inicio del escándalo-, no para favorecer al gobierno argentino sino para no debilitar la acusación contra los venezolanos.
«Los cargos de la conspiraciónhablan de un supuestoencubrimiento de una contribución presidencial venezolana en la Argentina, no apuntan a un supuesto crimen en Estados Unidos, excepto el no haberse registrado», dice el escrito que presentó la defensa. Quieren, de esa forma, eliminar de la acusación uno de los delitos más graves, el de conspiración, que en los EE.UU. está severamente penado.
Encubrimiento
Reconoce así Schuster que la única violación por parte de Kauffmann es no haberse registrado en Miami como agente extranjero: «Existe el supuesto encubrimiento de la contribución para la campaña presidencial argentina en el sur de Florida, pero ése no es el tipo de crimen más grave que prevé la ley que regula la libertad condicional», dijo.
Para el gobierno argentino esa opción es más que peligrosa: significa que no sólo Antonini Wilson y el segundo arrepentido, Moisés Maiónica, sostienen la tesis de que los u$s 800.000 confiscados por la Policía de Seguridad Aeronáutica en Aeroparque llegaron como aporte de PDVSA a la campaña presidencial, sino que otro de los implicados también la da por cierta, aunque más no fuera como argumento para defender su libertad condicional.
Mientras tanto, en Buenos Aires, la jueza Marta Luisa Marmissolle sigue sin accederal pedido de la fiscal María Luz Rivas Diez de tomar declaración indagatoria a Claudio Uberti -el ex jefe del Occovi y pasajero del famoso avión que trajo el maletín a la Argentina-hasta que no se presenten en su juzgado el ex vicepresidente de PDVSA y jefe de la filial de la petrolera en el país Daniel Uzcátegui Matheus, y su hijo, Diego Uzcátegui Spetch, este último también integrante del pasaje del Cessna Citation de ENARSA.
Imputación
Marmissolle ya accedió a postergar la declaración de los Uzcátegui hasta fin de mes, pero nada asegura que los dos venezolanos se presenten en Buenos Aires. Si bien no existe una acusación formal, se los podría imputar por «contrabando agravado» y «lavado de dinero», la misma acusación que pesa en la Argentina contra Antonini Wilson, si es que se comprueba que el maletín con los u$s 800.000 no era propiedad del famoso valijero, sino que actuó como una suerte de «mula» que tomó como propio el equipaje sólo para el momento de ingresar al país.
En realidad, en la Justicia creen que Marmissolle espera que de la indagatoria a los Uzcátegui surja algún elemento clave que incrimine a Uberti para poder procesarlo en el momento de tomarle declaración indagatoria.
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