El juez Carlos Liporace se dedicó todo el día de ayer domingo a estudiar la larga declaración que rindió ante él Walter Beltrame, ex empleado de la empresa Southern Winds. Este se entregó el viernes a la Justicia, que lo buscaba por su presunta responsabilidad en tráfico ilegal de drogas.
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En la responsabilidad de estas ventajas «complementarias» del subsidio estatal, que inevitablemente implicaba contrabando -aunque no se sepa si también se permitía en el nivel de drogas prohibidas-, aparecen en la cabeza de lo que ocurría en Ezeiza la Secretaría de Transporte, que encabeza el poderoso funcionario kirchnerista Ricardo Jaime, un grupo de sindicalistas y lo que se denomina el «Grupo Córdoba». Jaime es de Córdoba, también de esa provincia es originalmente Southern Winds, la azafata detenida de esa línea aérea por contrabando es pariente de un alto funcionario judicial también cordobés y habría más.
El único columnista que mencionó algo de la nueva versión de los hechos cita al diputado y gremialista aeronáutico Ariel Basteiro, pero otras fuentes señalan que habrían actuado en la «vista gorda» para Southern Winds no menos de otros tres sindicalistas de comisiones internas de la ex LAPA. Alicia Castro, ex azafata, sindicalista hoy diputada fue más allá estos días: directamente dijo que Southern Winds era una empresa comercialmente inviable y que fue creada para contrabandear.
El cargo de secretario de Transporte, que hoy posee el «pingüino» Jaime, originalmente lo suponía suyo el dirigente de la CGT Hugo Moyano, que inclusive recurrió a Néstor Kirchner, quien le respondió que no podía satisfacerlo porque le correspondía a Jaime. Los aviones de Southern Winds participaron activamente en el proselitismo de Néstor Kirchner antes de que asumiera la presidencia de la Nación, aunque nadie puede afirmar hoy que no cobrara sus servicios. Los periodistas, por ejemplo, recuerdan que cuando Néstor Kirchner era solo gobernador sureño alquiló desde la gobernación vuelos charters de aviones de SW para la inauguración de la pista de El Calafate, en Santa Cruz. Había tanta vinculación que en los aviones viajaba como anfitrión el padre del actual propietario, Juan Maggio.
Esta grave transgresión permitida de «valijas sin pasajeros» hacia una empresa que pasaba a asociarse con el Estado tuvo origen en que el gobierno de Néstor Kirchner no quería, por razones de prestigio político, las tomas de aeropuertos por los trabajadores de la empresa comercial privada de aeronavegación LAPA que entró en concurso y dejó de volar. También había cesado DINAR, otra privada. Se decidió formar la estatal LAFSA sólo para mantenerle los sueldos al personal. Se habría establecido que al efecto de hacer menos onerosa la carga para el Estado --y sobre todo porque a tal subsidiopara salarios a trabajadores sin tareas se oponían con indudable lógica la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economíase optara por la asociación con otra empresa privada sumamente endeudada y con vínculos con el nuevo gobierno, SW, a la cual se le pagaban mensualmente $ 4 millones y medio para combustible de los aviones en vuelo, más casi $ 6 millones de sueldos de personal, también a cargo del Estado vía la estatal LAFSA. El aporte «extra», no en dinero, era la «vista gorda» para las cargas de SW a que se obligó a la PAN (Policía Aeronáutica Nacional) en Ezeiza.
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