Texto de una sentencia detona denuncia a un juez por supuesta violencia de género

Política

La presentación ante el Consejo de la Magistratura se basa en un fallo de 2011 en un juicio laboral.

Un juez laboral fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber supuestamente ejercido violencia de género contra una abogada en el texto de una sentencia y en una audiencia testimonial. Se trata de Alejandro Sudera, responsable del juzgado nacional número 56 del fuero, sindicado por la denunciante de haberse “valido de una relación desigual de poder” para violentarla. La acusadora pidió abrir una instancia de enjuiciamiento contra el magistrado para suspenderlo de sus funciones y eventualmente removerlo.

En la presentación ante el cuerpo que monitorea la labor de los jueces la denunciante, a través de su abogada, Vanesa Lamami, detalla un accionar de presunto maltrato en varios tramos del fallo en el que Sudera condenó a un empleador a pagarle indemnización a un trabajador despedido. El fallo data del año 2011 y Lamami realizó la presentación en contra del juez recién el viernes último al amparo de la ley 26.485 que previene todo tipo de violencia contra las mujeres. El caso se dio a conocer luego del escándalo en la Cámara de Casación Penal por el mensaje interno del juez Juan Carlos Gemignani en el que se refirió al parecer a sus colegas mujeres del fuero como “delincuentes". También, en la misma semana en que una vocal del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos se negó a participar del homenaje a un colega, expresidente del cuerpo, tras alegar que lo había denunciado el año pasado por violencia de género.

En la sentencia de hace diez años, el magistrado había desplegado críticas muy severas a la patrocinante del trabajador despedido –se pidió reserva del nombre de la aludida- que Lamami recopiló para la denuncia ante el Consejo. Por caso, el magistrado se refirió a una “demanda plagada de errores y faltas de ortografía, que sólo de a renglones parece formar parte integrante del escrito inicial”; agrega que “resulta imposible entender el relato de los hechos realizado en la demanda, si es que existe alguna porción de ésta que pueda ser calificada de aquella manera”, y marca que en el escrito inicial desarrolló un “desprolijo proceso de copiar/pegar de esos que posibilitan los avances tecnológicos”.

En otro tramo Sudera advierte que la abogada del cesanteado actuó con impericia “pulverizando la mayor parte de las chances potenciales de su cliente” y le achaca haberse retirado de la audiencia testimonial sin haber firmado el acta. “O la letrada es poseedora de una inteligencia superior que advierte sutilezas que escapan al común de los mortales o carece del más mínimo conocimiento jurídico para identificar que se trata del mismo rubro al que llama de tres modos distintos. No puedo presumir que se trate de una intencional burla al proceso judicial”, añade el juez en su sentencia.

Respecto de la audiencia, Lamami destacó que el magistrado “desestimó al menos diez preguntas” y le dijo a la abogada “si iba a tener para los siguientes testigos preguntas distintas” a las formuladas previamente y descartadas. Otro episodio de violencia, según la demanda, se produjo a la hora de regular honorarios para los participantes del proceso una vez que Sudera le asignó a la patrocinante “1 peso”: “puede encuadrar en violencia económica”, añade la presentación.

“El juez se ha valido de una relación desigual de poder para ejercer violencia contra la letrada”, sostiene Lamami, quien además se pregunta si Sudera hubiese actuado de la misma manera ante un abogado varón. Según la denunciante, incorporar la perspectiva de género en las sentencias “no es una opción para el magistrado sino una obligación” emanada del bloque de constitucionalidad.

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