La Legislatura porteña tiene previsto votar el jueves una resolución que obligaría al gobierno de la Ciudad a utilizar fondos que tiene en reserva para el saneamiento del Riachuelo en la Capital Federal. En el gobierno porteño se resisten a utilizar ese fondo, cuyo monto total, nunca bien precisado, rondaría los $ 1.000 millones.
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Ahora que la Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia pública por la contaminación del Riachuelo porteño, también la Legislatura de la Capital Federal dispondrá medidas para que el gobierno de Jorge Telerman emprenda acciones en el tramo que le compete de la cuenca.
Los legisladores porteños consensuaron un despacho que sancionarían el jueves en la sesión ordinaria de la Cámara. La norma impone al gobierno porteño, entre otras acciones, que se disponga al retiro de los barcos hundidos que no quite la Nación, que traslade a los habitantes de los barrios del sur de la Ciudad que se ven afectados por la grave contaminación y además que utilice dinero del llamado fondo anticíclico que está depositado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Ese es uno de los puntos polémicos,a pesar del amplio acuerdo con el que contaron los despachos de las comisiones de Ecología y Asuntos Interjurisdiccionales.
Por un lado, algunos diputados sostienen que si la cifra queda en $ 300 millones debería fundamentarse en qué se basa la cuenta. Habría acuerdo si el dinero rondara la mitad de esa suma, pero el inconveniente mayor quizá sea con el gobierno porteño.
El ministro de Hacienda, Guillermo Nielsen, no es partidario de utilizar el dinero del fondo anticíclico si no está debidamente justificado. Por eso, no se negaría Telerman a emprenderalgunas acciones para mejorar el Riachuelo, pero buscarían otras fuentes de financiamiento.
El tema es parte, además, de una agenda que los legisladores kirchneristas comenzaron a compartir el jueves pasado con los diputados nacionales del oficialismo que representan a la Capital Federal en el Congreso. Habrá, el 26 próximo, una segunda ronda con más precisiones, ya que no pudieron estar la semana pasada las senadoras Vilma Ibarra y María Laura Leguizamón, como algunos diputados que estaban de viaje.
Por otra parte, hoy se reuniría la Corte para dictaminar medidas de pruebas en la causa por una vieja demanda por el estado del Riachuelo, contra los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
Las medidas surgen luego de que el tema de las papeleras que se debate en La Haya hiciera recordar el estado de las aguas de la cuenca Matanza-Riachuelo. Duros informes tanto de la Auditoría General de la Nación como de la Defensoría dieron cuenta este año del grado de contaminación, producido en parte por la actividad de fábricas que volcarían residuos peligrosos en las aguas de la cuenca.
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