«Canal 7» denunció ayer que es «un ataque contra la televisión pública» la medida cautelar dispuesta por la Justicia Federal de Mendoza, que ordenó interrumpir las emisiones de su nueva repetidora en esa ciudad y en su zona de influencia.
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El canal estatal difundió por la mañana un comunicado en donde sostiene que «la medida judicial cautelar respondió a una nueva presentación del Grupo Vila-Manzano, ahora a través de la empresa Jorge Estornell SA/Supercanal, que invoca supuestas interferencias en el servicio de televisión por cable».
La jueza Olga Arrabal, a cargo del Segundo Juzgado Federal de Mendoza, ordenó a «Canal 7» que «se abstenga de retransmitir, en forma inmediata, su señal en la frecuencia de aire número 11, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable».
Este conflicto vuelve a plantearse en la provincia, luego de que un caso idéntico, pero en San Rafael, terminó con un fallo a favor del canal del Estado. La emisora oficial, en su comunicado, recordó ese hecho, y dijo que «tal como había sucedido en el caso de San Rafael, donde los mismos operadores privados habían invocado los argumentos de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar para tratar de impedir las emisiones de la televisión pública, la Justicia admitió el reclamo de los vecinos de San Rafael y de los derechos de 'Canal 7'».
Sostiene ahora «Canal 7» que «a través de los procedimientos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y de las reformas realizadas en democracia a la Ley de Radiodifusión se establecieron las bases técnicas y jurídicas para la puesta en funcionamiento de la estación repetidora de Mendoza a través de la frecuencia 11».
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