Más de cien cables de la embajada de EEUU en Buenos Aires alertaban sobre la fragilidad del sistema judicial y de la impunidad de quienes delinquen, según un artículo publicado por el diario Español El País. Además agrega que no hay una auténtica voluntad política para erradicar la corrupción. Los datos son recaudados de un informe enviado a Alberto R. Gonzales, entonces Fiscal General de EEUU poco antes de su viaje a Argentina.
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La renuncia del fiscal Manuel Garrido, en marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue recibida con desagrado por la legación diplomática norteamericana. La embajada había seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial. "Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la embajada.
Las apreciaciones sobre los Kirchner son imputables a todos los gobiernos argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su día las denuncias en su contra, continúa la crónica ibérica.
En otro tramo asegura que el ex Ombudsman, Eduardo Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país" . La oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de soborno o de malversación, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo "delicado" del asunto.
Un cable implicó, de nuevo, al ministro de Planificación, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno".
Los episodios vividos por empresarios y banqueros de diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad del contenido de las denuncias recogidas por la embajada norteamericana. Un banquero español escuchó una y otra vez en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía contactar con el denominado "grupo K" para solucionar sus problemas.
La embajada alude también de la corrupción entre los militares , cuyas consecuencias rara vez son penales. "Los escándalos por corrupción en Argentina comienzan con mucho ruido para disiparse después en el olvido, debido a la parsimonia de las "investigaciones" y el interminable peloteo judicial a los que son sometidos", resume un despacho, que cita la debilidad de la arquitectura anticorrupción nacional como fundamento de todos los males.
Otro informe recoge otra forma de corrupción: la captación política de los jueces con causas importantes a su cargo . Los magistrados, si aceptan, deben abandonar esas causas o paralizarlas, el objetivo pretendido por quienes les ofrecieron espacio en su listas electorales. La envergadura del problema es enorme: los argentinos sacaron del país en torno a los 130.000 millones de dólares, la mayoría procedentes de la evasión fiscal y la corrupción política. Para tratar de lograr su regreso, el Gobierno aprobó una ley de amnistía impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas intenciones aun existen recelos.
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