Ya piden juzgar a Varizat por intento de homicidio

Daniel Varizat

Se agravó ayer la situación procesal del kirchnerista Daniel Varizat. El abogado de Marta Guillermaz -la docente atropellada por el ex ministro de Gobierno, que continúa internada en terapia intensiva con respirador artificial- pidió ayer ante la Justicia que sea imputado por supuesto «homicidio en grado de tentativa», delito que prevé penas de entre 8 y 25 años.

Por su parte, el combativo gremio docente ADOSAC reclamó que el ex funcionario sea exonerado de la administración pública -ocupa un cargo en la empresa estatal Formicruz- y que sea alojado en una cárcel común.

El letrado de Guillermaz, Javier Pérez Gallart, presentó un escrito ante la jueza de la causa, Valeria López Lestón, por considerar que Varizat «debió representarse» que podía causar lesiones mortales a los manifestantes que arrolló el viernes último.

Según Pérez Gallart, «corresponde cambiar la calificación de los hechos: el delito de lesiones graves debería cambiar por el de homicidio en grado de tentativa». «El propio Varizat reconoció que aceleró, después de haber dicho que se le soltó el freno», sostuvo el letrado, quien también representa al gremio docente.

Datos sugestivos

Pérez Gallart muestra además otros dos sugestivos datos en su historial: es candidato a intendente de Río Gallegos por el opositor Encuentro Ciudadano, y fue uno de los letrados de la Asociación de Abogados de Río Gallegos señalados por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, como supuestos partícipes del escrache que sufrió en mayo a la salida de un restorán de Río Gallegos.

Según el abogado, Varizat «debió representarseque el elementoutilizado para generarlas lesiones -una camioneta de más de 2.000 kilos, más los 400 kilos de las personas que transportaba- se convertían en un arma mortal». Sin embargo, la abogada de Varizat, Paola Ludueña, ratificó la versión ofrecida por el ex funcionario, al señalar que su reacción fue «por temor» y que «no tenía control de nada» y que «estaba en una situación gravísima».

«Las imágenes están cada vez más editadas y no muestran la previa: la gente tenía intención de volcar la camioneta», aseguró la abogada, además de destacar que «no es una persona violenta» y que se encuentra «dolido con lo que pasó». «Si se hubiese representado la magnitud de lo que hizo, no lo hubiera hecho jamás. Estamos en una provincia con mucha violencia», intentó argumentar.

«Tuvo temor de que lo maten, de que lo linchen; constantemente lo amenazan», denunció la abogada, además de insistir en que fue presa del «pánico» y que «no provocó» a los manifestantes que el viernes último resultaron atropellados durante una marcha de protesta en inmediaciones del hotel Costa Río, adonde Varizat había ido con su vehículo a recoger a cuatro personas.

«Estamos por presentar testigos que vieron todo y de hallar una versión fílmica de todo el contexto», señaló la letrada. Ludueña también confirmó que Varizat continúa siendo empleado de la empresa estatal Formicruz, tras su intempestiva salida de la cartera de Gobierno en mayo pasado luego de los incidentesde Río Gallegos con municipales, que derivaron además en la renuncia del mandatario Carlos Sancho y en la asunción del gobernador de transición, Daniel Peralta.

Precisamente, el gremio docente santacruceño salió a reclamar que Varizat sea «exonerado» de la administración pública y que se lo aloje en una «cárcel común».

Protegido

«Queremos que se lo exonere de la administración pública, en forma paralela a lo que diga la Justicia», señaló la secretaria adjunta de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, Mónica Galván.

«Que vaya a la cárcel común, lo están protegiendo», sostuvo además Galván, al cuestionar la decisión oficial de alojarlo en dependencias de la escuela de Policía de Santa Cruz.

El ex ministro de Gobierno durante la gestión de Sancho permanece detenido desde el viernes último, acusado de presuntas lesiones graves -delito castigado con entre seis meses y seis años de prisión- en seis casos, y de supuestas lesiones leves con penas de entre un mes y un año- en otros dieciséis.

Si la jueza atiende al pedido de la defensade Guillermaz, a este panorama se sumará el castigo previsto para el homicidio en grado de tentativa: un mínimo de 8 y un máximo de 25 años de prisión. Ahora, el juez de Recursos de Río Gallegos, Rubén Lobos, deberá resolver la apelación presentada por la defensa de Varizat contra la negativa de excarcelación que propició el fiscal Andrés Vivanco.