El fenómeno asusta: cada 24 horas dos presos se fugan de una comisaría. Es un dato oficial aportado por fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación que muestra otro costado crítico de la inseguridad, el del fracaso para retener a los apresados.
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En el gobierno deslizan un fundamento: en las comisarías del país permanecen detenidos cerca de «20 mil presos», lo que equivale casi a la mitad de los alojados en los servicios penitenciarios -sumando Federal y provinciales-, cifra que asciende a 43 mil reclusos, cuando la capacidad «real» es de 36 mil convictos.
Discriminado por zonas, en el conurbano y el Gran Rosario se concentra el mayor nivel de conflictividad. En las comisarías bonaerenses hay 7.600 presos, la mayoría concentrada en dependencias del Gran Buenos Aires, donde el caos delictivo registra niveles feroces.
•Reflejo
En tanto, en Santa Fe -según un funcionario provincial-hay 2.100 repartidos en dependencias policiales y alcaidías. La cifra es apenas menor que la de reclusos alojados en cárceles: 2.300 convictos repartidos en siete penales.
En ese marco, las fugas -o los intentos-y los motines, como otro reflejo de esa crisis, son un hecho común. Sólo en los últimos diez días, se registraron al menos cuatro casos que terminaron con seis evadidos, dos convictos recapturados y medio centenar de amotinados.
El futuro, según admiten en el gobierno, es amenazante: el hacinamiento en el que viven los presos y las malas condiciones de higiene forman un cóctel incontrolable. «El calor y la proximidad de las fiestas son otros factores críticos», agregó la fuente.El círculo lo cierra con otro dato: en el Sistema Penitenciario Federal se desmadró la relación entre detenidos y liberados. En 2001, el balance era uno a uno; ahora se rompió esa convertibilidad y por cada excarcelado ingresan 2,5 convictos nuevos.
•Repercusión
Esto repercutió en Devoto donde hay 2.100 detenidos, pero la capacidad de alojamiento es de 1.600 plazas. «Los jueces excarcelan menos y a este ritmo no hay sistema que resista», se explicó.
El índice de fugas sirvió como argumento a funcionarios del gobierno para plantear como alternativa el sistema de arresto domiciliario, con pulsera magnética, que la semana pasada un ministro le propuso a Eduardo Duhalde para resolver, en lo coyuntural, la crisis penitenciaria.
Desde la cartera de Justicia y Seguridad, que conduce Juan José Alvarez -que dijo no conocer el plan de la pulseras-, plantearon, con extrema crudeza, las opciones: «O los liberamos con pulseras o se escapan. Lo primero permitiría seleccionar a los menos peligrosos».
Pero el conflicto por la sobresaturación de presos en las comisarías es de tal magnitud, que el mismo funcionario especuló que los efectivos policiales podrían estar «dejando escapar» a sus detenidos.
•Convocatoria
En los próximos días, Alvarez convocará a los jefes de las áreas penitenciarias de todo el país para «armar» un mapa respecto de la cantidad de plazas disponibles que tiene cada sistema y estudiar alternativas para el corto plazo. A simple vista, en Nación entienden que lo urgente es auxiliar a Buenos Aires y a Santa Fe, y en menor medida a Salta y a Mendoza.
Pero, según coinciden en Nación y las provincias, la respuesta de fondo es construir más cárceles: está en carpeta un programa federal para levantar quince penales y otro bonaerense para agregar unos cinco.
Claro que la solución estructural es más compleja: en algún punto -quizá muy cercano-será imposible contener la creciente necesidad de plazas carcelarias.
Evidentemente la mejor política para el área penitenciaria consiste en prevenir que sigan aumentando, en forma alarmante, los delitos.
