Hasta Carrió en contra de las extradiciones

Eduardo Duhalde pidió una cita urgente para hoy con Néstor Kirchner para despejar el clima enrarecido por la eventual reapertura de los juicios a militares. Fue después de que el ministro José Pampuro, con pompa y formalidad, les comunicase al Presidente y a los jefes del Congreso que hay malestar en las Fuerzas Armadas. El dato de ayer fue que hasta Elisa Carrió se pronunció contra las extradiciones pedidas por el polémico juez español Baltasar Garzón. Siguieron los dichos de Kirchner y de su candidato a la Corte, Eugenio Zaffaroni, en el pronunciamiento a favor de que los militares que fueron beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sean juzgados en territorio argentino. Evitar la extradición a España implicaría juicios a más de 3.800 militares retirados y en actividad con imprevisibles consecuencias. Es poco probable que el Congreso anule las leyes del perdón y por eso el gobierno mira a la Corte para que declare la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y frene unas extradiciones que, según encuestas, son odiosas para la mayoría del público y podrían convertir esta crisis inducida por el gobierno para reforzar su autoridad en un boomerang.

El gobierno redobló ayer la carga sobre la Justicia en la responsabilidad de decidir si los militares beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son juzgados aquí o bien se abren las puertas para su extradición a España.

«Si desaparecen las normas que generaron la impunidad, podrán ser juzgados en la Argentina», opinó el Presidente en su paso por La Plata, una recorrida que tuvo mucho sabor electoral a favor de la candidatura a gobernador de Felipe Solá (ver nota en pág. 14). El mensaje tuvo como destinatario a la Corte Suprema de Justicia. Ese Tribunal tiene que resolver el pedido de inconstitucionalidad o no de las leyes de perdón, un tema que desde hace un año está pendiente y que tampoco tiene fecha de resolución.

Las expresiones del Presidenteencontraron sintonía en el candidato a la Corte Eugenio Zaffaroni y en la titular del ARI, Elisa Carrió, ambos proclives a que los militares sean juzgados dentro de las fronteras argentinas.

• Preferencia

Kirchner hubiera preferido abordar esta cuestión con una Corte «más cercana» a su administración, pero el apuro del juez español Baltasar Garzón hizo trizas sus planes.

Ahora busca una definición que lo aleje de un foco de conflicto con los militares, es decir, que lo obligue a firmar la extradición de los ex integrantes de las Fuerzas Armadas.

Menos aún convertirse en el responsable de que España no los juzgue porque el Presidente, que siempre se ufanó de estar en contra de estas dos leyes porque «fueron obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado», no autorizó la extradición.

La única salida jurídica la tiene la Corte Suprema y no el Congreso. Si el máximo Tribunal de Justicia hace caso a las aspiraciones del gobierno, permitiría que militares acusados de violaciones a los derechos humanos (los 46 pedidos por Garzón y otros 1.600 beneficiados por estas leyes) puedan ser juzgados en el país en vez de en otros países, tal como lo requirió España y lo podrían hacer también Israel, Francia, Alemania, Italia y Suecia.

Un adelanto de lo que podría suceder de aquí en más lo dio ayer Eugenio Zaffaroni, cuando en reportaje al diario «El País» se pronunció en contra de la extradición de ciudadanos argentinos.

«Habría que ver caso por caso. En líneas generales puedo decirle que a mí no me gusta dar la extradición de ningún ciudadano argentino. No me inclino a que seamos generosos en la extradición. Lo considero muy peligroso.»

Pero también sentó opinión sobre las dos cuestionadas leyes.

Así sostuvo que «la nulidad o declaración de inconstitucionalidad de un juez no hace perder la vigencia general de la ley, sólo deja de aplicarse en el caso concreto».

Pero el postulante a reemplazar a Julio Nazareno avanzó más en sus apreciaciones sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto final.

«Nunca me gustó. Creo que las cosas hay que resolverlas en serio. Si en las Fuerzas Armadas hay o hubo delincuentes, hay que condenarlos y listo. Hay que limpiar todas las sospechas sobre las Fuerzas Armadas.»

Una opinión similar a la de Elisa Carrió, quien ayer en tierras patagónicas (Bariloche) también objetó la posibilidad de que los militares sean extraditados.

«No estoy de acuerdo con que los militares estén subiendo a aviones con rumbo a otros países. Con eso se resiente la democracia. Si los militares tienen que irse para ser juzgados por el juez Baltasar Garzón, significa que los argentinos no somos capaces de administrar nuestra propia Justicia.»

Para la aguerrida chaqueña «no hay que englobar a todos los militares en este asunto, porque hay 90 y 95 por ciento que no tuvieron nada que ver con los hechos de la dictadura. Acá estamos hablando de 1.300 militares que tienen que responder por sus acciones». Ayer el abogado Juan Esteban Aberg Cobo, defensor de cuatro de los militares, insistió en rechazar el accionar del juez Baltasar Garzón con el argumento de que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por la misma causa y también se opuso a la posible nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

«Es un principio constitucional y de la legislación internacional que proviene del antiguo derecho romano, aquella famosa frase 'non vici nidem', es decir, no dos veces por la misma causa», apuntó el defensor del general Ramón Díaz Bessone, el general Jorge Olivera Rovere, el almirante Luis María Mendía y el capitán de navío Jorge Enrique Perrén.

En su análisis, Aberg Cobo también rechazó la posibilidad de que el Congreso declare la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. «Para mí, el Congreso está facultado para dictar leyes y para derogarlas, no para establecer la nulidad de una de ellas, dictada por el mismo Congreso durante un gobierno constitucional», agregó.

A la tensión que ya existe en las Fuerzas Armadas, una cámara federal de Salta le puso mayor presión. Declaró nulas e inconstitucionales la leyes de Punto Final y Obediencia Debida y ordenó la detención de los coroneles Carlos Mulhall y Miguel Gentil, al considerarlos responsables de la denominada « Masacre de las Palomitas», ocurrida en esa provincia en 1976.