Por qué es tan difícil la negociación con el FMI

A partir del rescate internacional a México en 1995 y a Asia en 1997, funcionarios del FMI, del Tesoro de Estados Unidos y del Grupo de los 7 (países más industriales) comenzaron a debatir distintos mecanismos que permitan prevenir el tipo de crisis sufridas por aquéllos y, en caso, que igualmente las mismas ocurran, que las resuelvan de la manera más eficiente posible. Estos mecanismos se conocen como la Nueva Arquitectura Financiera Internacional. Y consta de los siguientes puntos:

NO A RESCATES DEL SECTOR PRIVADO IMPRUDENTE Y DE GOBIERNOS IRRESPONSABLES

Los organismos internacionales de crédito sostienen que la asistencia financiera se utiliza para «rescatar» al sector privado, quien de esta manera evita contribuir en el «rescate» del país en crisis. Este «rescate» al sector privado acreedor con dinero de organismos oficiales crea, según dichos organismos, el denominado «moral hazard» (riesgo moral) de que los inversores invertirán imprudentemente en los países emergentes confiando en futuros «rescates» por parte de los organismos públicos. Además, también se plantea que estos rescates otorgan a los países emergentes incentivos para no tomar las medidas económicas, fiscales y financieras necesarias para evitar las crisis confiando en que, si las mismas ocurren, estos países serán rescatados por los organismos internacionales.

Por eso, los programas de ayuda financiera internacional incluyen fuertes condiciones que deben ser cumplidas por los países en crisis para ser beneficiarios de dicha ayuda. Estas condiciones han sido diseñadas por el FMI y los países desarrollados en los últimos años y son comunes a todos los programas de ayuda financiera internacional que se negocien de ahora en adelante. Es decir, no pretenden ser aplicadas sólo en la Argentina, sino en cualquier estado que enfrente crisis como la de nuestro país. Las mismas incluyen, entre otras, el diseño e implementación de un programa económico sustentable en términos fiscales, monetarios y cambiarios, mayor fortalecimiento, apertura y transparencia del sistema financiero, medidas de protección de los activos del gobierno (como las reservas), sanción de leyes de quiebra locales pro mercado, llevar adelante negociaciones de buena fe con los acreedores privados en relación con la reestructuración de la deuda externa, no otorgamiento de garantías por parte del sector público al sector privado y no discriminación entre el capital nacional y el extranjero en los distintos sectores de la economía. En el caso argentino, se suma además la derogación de la ley de «subversión económica», entre otras condiciones adicionales.

LA POSICION DEL GOBIERNO DE BUSH

Ambas posturas tienen un promotor de enorme peso: la administración del gobierno de Estados Unidos. El gobierno del presidente George W. Bush rechaza el rol de organismos públicos internacionales en la resolución de crisis soberanas. Mucho más, si dicha intervención sirve para rescatar a los inversores que hayan tomado malas decisiones de crédito y a los gobiernos extranjeros que hayan implementado políticas fiscales irresponsables y que además están sospechados de corrupción.

Por ejemplo, en ocasión de la discusión del paquete de rescate a México en 1995, el Congreso de Estados Unidos (dominado por los republicanos, ahora en el poder) se opuso al mismo alegando que no debían utilizarse fondos de los contribuyentes de Estados Unidos para solucionar malas políticas fiscales y para rescatar a los bancos de inversión y a los acreedores privados de México. Frente a ello, el presidente Bill Clinton debió utilizar, mediante un decreto, sumas del Fondo de Estabilización Monetaria. La relevancia de este hecho para el caso argentino es que actualmente prevalece en el gobierno del presidente George Bush (y por ende en el FMI) la posición que en aquel momento tuvo el Congreso. Adicionalmente, en el año 2000 el Partido Republicano lideró una comisión del Congreso (Comisión Meltzer) que recomendó reformular el FMI sobre la base de menores créditos a los países en crisis, entre otros principios.

En un trabajo del año 1873, uno de los principales expertos en finanzas de entonces en Estados Unidos, Walter Bagehot, expresó: «En un clima de pánico, el prestamista de última instancia (se aplica tanto a un Banco Central en una crisis doméstica como al FMI en una crisis internacional) debe prestar sin límite a una institución solvente (aplicable a un banco o a un país), mientras que no debe prestar nada a una que es insolvente».

Este entendimiento, que se halla más vigente que nunca, está alineado con la opinión actual del Tesoro de dicho país, cuyo titular, Paul O'Neill, señaló que la comunidad internacional no debe seguir prestando hasta que la Argentina tape los agujeros del fondo del barril, es decir, que tenga un sector público solvente, y con los comentarios de la vicedirectora del FMI, Anne Krueger, quien ha expresado que la Argentina debe elaborar, de una vez por todas, un plan económico que le devuelva estabilidad.

LA DESCONFIANZA

En este escenario, la comunidad internacional, Estados Unidos en particular, no sólo requiere el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas. También demanda un cambio en las reglas de administración pública, en el sistema de Justicia y un rumbo claro de la clase política gobernante hacia el capitalismo. Desconfían que la actual clase política sea capaz de cumplir consistentemente con esas condiciones y liderar el camino de la Argentina por dicho rumbo. En este sentido, siendo el presidente Eduardo Duhalde uno de los principios exponentes de la clase política que se intenta erradicar desde el exterior, sus perspectivas de lograr el éxito en la negociación con los organismos internacionales son más reducidas.

DURA REALIDAD

Esta es la realidad del régimen financiero internacional que el gobierno de Duhalde deberá entender. Existe en los organismos internacionales una menor voluntad de estructurar paquetes de rescate multimillonarios del estilo de México, Asia, Brasil o la Argentina (blindaje) y la férrea decisión de exigir el cumplimiento de ciertas condiciones para acordar financiamientos eventuales. Por lo tanto, el gobierno argentino debe dejar de hacerse falsas ilusiones esperando un paquete que no llegará nunca en estas circunstancias. O avanza con firme convicción en la elaboración de un programa económico serio que incluya el cumplimiento de los principios esbozados por el FMI (y de esta forma habría ayuda luego que se acredite dicho cumplimiento, es decir, ex post y la Argentina podría estabilizar su caída y eventualmente volver a crecer) o no habrá ningún tipo de asistencia.

(*) Máster en Leyes de la Universidad de Pennsylvania. Abogado extranjero de Morgan, Lewis & Bockius LLP, especialistas en reestructuración de deuda soberana y corporativa.