La iniciativa apunta a determinados contratos en la provincia de Buenos Aires y propone eliminar gastos o trasladarlos al propietario. También contempla incentivos fiscales.
En septiembre, el alquiler de un departamento de dos ambientes alcanzó los $598.588 mensuales en GBA Sur.
Ingresar a una vivienda en alquiler implica afrontar una serie de gastos que se suman al valor mensual de la locación. En ese contexto, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense, destinado a reducir parte de esos costos para determinados inquilinos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La propuesta fue presentada durante una reunión del Consejo Directivo de Martilleros BA con el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, a quien la entidad acercó la iniciativa para su análisis y eventual tratamiento legislativo.
El proyecto contempla como destinatarios a quienes alquilen una vivienda cuyo valor mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo del empleado de la Administración Pública Provincial, establecido por la Ley 10.430.
La iniciativa busca actuar sobre uno de los principales obstáculos que enfrenta una persona cuando debe ingresar a una propiedad: el desembolso inicial. La propuesta plantea que determinados gastos que hoy recaen sobre el inquilino pasen a estar a cargo del propietario o directamente queden eliminados para los contratos incluidos en el régimen.
Luis Colao, presidente de Martilleros BA, explicó que el objetivo es aliviar las erogaciones que debe afrontar un inquilino al comenzar un contrato. Entre las medidas propuestas figuran:
El proyecto aparece en un momento en que los valores de los alquileres en el Gran Buenos Aires mantienen una fuerte presión sobre los ingresos de los hogares. Según datos de Zonaprop, en septiembre el alquiler de un departamento de dos ambientes alcanzó los $598.588 mensuales en GBA Sur, $606.843 en GBA Oeste y $772.380 en GBA Norte.
Para las unidades de tres ambientes, los valores ascienden a $811.540 en GBA Sur, $783.239 en GBA Oeste y $1.092.911 en GBA Norte.
En este escenario, el costo de ingresar a una vivienda se transforma en una barrera adicional para quienes buscan alquilar. Entre alquiler, depósito, certificaciones, honorarios y otros gastos asociados al comienzo del contrato, el desembolso inicial puede superar ampliamente el valor de una mensualidad. Para un nuevo contrato de tres ambientes, el monto necesario para entrar puede ubicarse por encima de los $3,3 millones, según la zona y las condiciones de cada operación.
El proyecto de los martilleros apunta justamente a reducir esa barrera inicial, aunque limita el beneficio a un segmento definido por el valor máximo del alquiler.
La iniciativa no se concentra solamente en el inquilino. También propone crear un régimen especial de incentivo y simplificación fiscal para los propietarios que incorporen viviendas con estas características al mercado locativo.
La propuesta contempla la exención de determinados impuestos y plantea, además, invitar a los municipios bonaerenses a adherir mediante beneficios sobre tasas y derechos.
Para el Colegio de Martilleros, el objetivo es generar condiciones para que más propiedades puedan ingresar al mercado de alquileres destinados a sectores de menores ingresos, reduciendo al mismo tiempo los costos que enfrenta el propietario.
Colao puso el foco en la segmentación como uno de los ejes centrales del proyecto. Según explicó, dividir a la población en grupos o regiones permite diseñar mecanismos de asistencia específicos en una provincia con diferencias económicas y sociales importantes.
El dirigente aclaró que el proyecto no pretende trasladar a propietarios ni profesionales la responsabilidad por el déficit habitacional: “No son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado”.
Desde la entidad plantean, en cambio, una participación conjunta del Estado, los propietarios y los profesionales para facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores con menores ingresos.