Un error en la identificación de un código de autorización de impresión de remitos puede parecer una irregularidad administrativa menor. Sin embargo, cuando se combina con las disposiciones sancionatorias de determinados regímenes fiscales, sus consecuencias económicas pueden alcanzar cifras sorprendentes, como es el caso de las aplicadas por la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA).
11 de noviembre 2026 - 20:22
ARBA, remitos y multas millonarias: cuándo una infracción formal se convierte en una sanción desproporcionada
Un reciente fallo del Tribunal Fiscal bonaerense redujo una multa de casi $44 millones aplicada por irregularidades en los remitos de mercaderías. ¿Hasta dónde puede llegar el poder sancionatorio del Estado cuando existe documentación que permite identificar y controlar las operaciones?
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El tranposte de mercaderías en la Provincia de Buenos Aires precisa cierta documentación regulada para su traslado
Eso fue precisamente lo sucedido en una controversia recientemente resuelta por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires.
En la causa Speedagro S.R.L., la Sala III, mediante sentencia del 22 de octubre de 2026, examinó una multa impuesta por ARBA por el traslado de mercaderías con documentación considerada inválida.
La sanción ascendía a $43.905.494,80, equivalente aproximadamente al 69% del valor de los bienes transportados, estimado en $63,6 millones.
El Tribunal confirmó la existencia de la infracción, pero redujo por mayoría la multa al 20% del valor de la mercadería.
La resolución constituye un antecedente relevante para analizar los límites de las facultades sancionatorias provinciales, particularmente en actividades caracterizadas por un movimiento permanente de bienes, como la agroindustria, el comercio mayorista y la logística.
Pero el interés del pronunciamiento no reside únicamente en la reducción de la sanción.
La cuestión central consiste en determinar si resulta jurídicamente razonable equiparar una documentación defectuosa con su inexistencia absoluta.
Un traslado documentado, pero con una irregularidad
Durante un control realizado el 30 de enero de 2025, la autoridad fiscal constató el transporte de mercaderías respaldado mediante dos remitos clase R.
La documentación contenía un Código de Autorización de Impresión (CAI) que no pudo validarse mediante la consulta realizada al organismo tributario nacional.
La empresa sostuvo que el problema se originó en un error de su sistema administrativo, que había utilizado un CAI vencido, aunque existía otro código válido correspondiente al rango de numeración de los remitos involucrados.
Además, había generado los respectivos Códigos de Operación de Traslado (COT) antes de la fiscalización.
Estos últimos contenían información que permitía identificar los bienes, los participantes de la operación, el vehículo, el origen y el destino de la carga.
No se trataba, por lo tanto, de mercaderías que circularan sin identificación alguna.
Sin embargo, ARBA consideró que los remitos no reunían las condiciones legales para respaldar el traslado, por incumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución General 1415/2003 de la entonces AFIP y en las disposiciones provinciales.
La normativa bonaerense distingue entre el transporte sin documentación respaldatoria y aquel realizado con documentación parcial o que no se ajusta a las condiciones exigidas.
La diferencia tiene consecuencias económicas decisivas.
La desproporción como problema jurídico
El artículo 82 del Código Fiscal provincial contempla sanciones calculadas sobre el valor de los bienes transportados, diferenciando la graduación según la gravedad de la infracción.
En el caso analizado, la administración había aplicado una multa del 69%, dentro de la escala correspondiente a la ausencia total de documentación.
La mayoría del Tribunal consideró que la documentación efectivamente exhibida impedía equiparar la situación con un traslado absolutamente indocumentado.
El CAI consignado era incorrecto, pero existían remitos que identificaban adecuadamente los bienes y un COT generado oportunamente.
Por lo tanto, aunque la irregularidad configuraba una infracción, su gravedad era sustancialmente menor que la de una operación desarrollada sin documentación.
Este razonamiento permitió encuadrar la conducta en el supuesto menos gravoso del artículo 82 y reducir la sanción al mínimo legal del 20%.
La diferencia económica es elocuente.
Sobre la valuación de los bienes indicada en el expediente, la multa resultante se aproxima a $12,7 millones, frente a los casi $44 millones originalmente exigidos.
El Tribunal no desconoció el incumplimiento.
Lo que hizo fue distinguir entre la existencia de una infracción y la proporcionalidad de su consecuencia punitiva.
Esta diferenciación tiene una importancia fundamental.
Una cosa es que el Estado se encuentre legitimado para sancionar incumplimientos de deberes formales; otra, muy distinta, es que cualquier irregularidad habilite automáticamente una sanción económica cuya magnitud resulte desproporcionada respecto de la conducta efectivamente acreditada.
¿Un error formal puede justificar cualquier multa?
Los regímenes de información y documentación tienen una finalidad legítima: permitir que los organismos fiscales conozcan y controlen la circulación de bienes.
En particular, la documentación de traslado constituye una herramienta relevante para prevenir operaciones no declaradas y reconstruir circuitos comerciales.
Pero el incumplimiento de una obligación formal no necesariamente implica evasión tributaria. Mucho menos permite presumir, sin análisis adicional, la existencia de una maniobra deliberada de ocultamiento.
La cuestión exige examinar la conducta concreta, el grado de culpabilidad, la posibilidad efectiva de fiscalización y la entidad del riesgo generado.
En Speedagro, el Tribunal no aceptó que el error administrativo resultara excusable ni que correspondiera eximir de sanción a la empresa por aplicación del artículo 71 del Código Fiscal.
Consideró que verificar la vigencia y correspondencia del CAI era una obligación de sencillo cumplimiento.
Sin embargo, al graduar la multa, ponderó que la mercadería podía identificarse y que existían elementos documentales suficientes para reconstruir el traslado.
Esta distinción es especialmente importante: la proporcionalidad puede operar aun cuando la infracción esté acreditada y no exista una causal de exoneración.
La sanción debe guardar relación con la conducta reprochada, sin perder de vista el bien jurídico que procura proteger la normativa.
Una disidencia que revela la dimensión del conflicto
La sentencia contiene un voto disidente que merece especial consideración.
La vocal María Fernanda Campo coincidió en que existía una infracción y en que la multa originalmente impuesta debía reducirse.
Sin embargo, sostuvo que un remito cuyo CAI carecía de validación no podía ser considerado documentación jurídicamente eficaz.
Desde esa perspectiva, la existencia física del comprobante no bastaba para otorgarle valor legal.
Consideró, en consecuencia, que correspondía aplicar el supuesto de ausencia total de documentación, cuya escala sancionatoria oscila entre el 50% y el 80% del valor de los bienes transportados.
Su propuesta consistió en reducir la multa al mínimo del 50%.
La discrepancia demuestra que no se discute únicamente el monto de una penalidad.
Lo que está en juego es la interpretación del propio incumplimiento: si un comprobante imperfecto debe ser considerado documentación deficiente o si puede asimilarse jurídicamente a su inexistencia.
La diferencia resulta determinante para la cuantificación de las multas.
En términos económicos, una misma conducta puede quedar expuesta a sanciones considerablemente diferentes según el criterio interpretativo adoptado.
El impacto en la actividad agroindustrial
La cuestión adquiere especial relevancia en las cadenas agroindustriales, donde el movimiento de mercaderías constituye una actividad permanente.
Granos, semillas, fertilizantes, agroquímicos, productos elaborados y otros bienes circulan mediante operaciones comerciales que requieren el cumplimiento simultáneo de obligaciones nacionales y provinciales.
En esos circuitos, los sistemas administrativos deben coordinar remitos, comprobantes electrónicos, autorizaciones de traslado y, cuando corresponda, documentación específica de cada actividad.
La multiplicidad de exigencias incrementa la posibilidad de inconsistencias formales.
Por supuesto, ello no exime a las empresas del cumplimiento normativo.
Pero obliga a distinguir entre situaciones que impiden efectivamente verificar una operación y aquellas en las cuales existe trazabilidad suficiente, aunque algún documento presente una deficiencia.
La cuestión reviste una importancia adicional cuando las sanciones se calculan sobre el valor total de la mercadería y no sobre el eventual tributo comprometido.
Una multa equivalente a una proporción sustancial del valor de los bienes puede superar ampliamente el margen comercial de la operación e incluso convertirse en una contingencia significativa para el patrimonio empresarial.
Ese diseño sancionatorio exige especial prudencia en su aplicación.
El límite que no debería olvidarse
El fallo se inscribe en una línea jurisprudencial que exige evaluar la verdadera entidad de los incumplimientos formales, sin renunciar a la legitimidad de los controles fiscales.
La mayoría se apoyó, entre otros antecedentes, en los pronunciamientos Acindar y Uole, donde también se ponderaron las deficiencias documentales frente a la posibilidad efectiva de fiscalización.
La consecuencia no es que los remitos defectuosos carezcan de relevancia ni que el COT sustituya las restantes obligaciones documentales.
Por el contrario, el caso confirma que cada exigencia posee efectos jurídicos propios.
El punto decisivo es que la sanción debe guardar correspondencia con la gravedad de la infracción.
La actividad económica necesita controles, pero también previsibilidad y un régimen punitivo razonable.
La seguridad jurídica no se agota en establecer qué documentación debe acompañar cada traslado. También exige que los contribuyentes puedan anticipar las consecuencias de sus incumplimientos y que esas consecuencias resulten compatibles con los principios constitucionales.
El pronunciamiento deja una enseñanza que excede largamente a ARBA y al transporte de mercaderías.
La eficacia de una administración tributaria no debería medirse por la magnitud de las multas que aplica, sino por su capacidad para distinguir las maniobras de ocultamiento de los incumplimientos formales y sancionar cada conducta con la intensidad que verdaderamente corresponde.
De otro modo, el instrumento destinado a asegurar el cumplimiento fiscal termina convirtiéndose en una fuente adicional de incertidumbre y costos para la actividad productiva.
Fuente primaria: Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, Sala III, “Speedagro S.R.L.”, expediente 2360-0198104/2025, sentencia del 22/10/2026, Registro 5114. Tribunal Fiscal de Apelación+3
(*) Contador público. Tributarista. Estudio Tristán y Asoc.
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