La discusión sobre una posible desregulación inmobiliaria y la reciente creación de la Mesa de la Industria Inmobiliaria se transformó en otro de los ejes fuertes de Expo Construir 2026, el encuentro que reunió a desarrolladores, constructoras, inmobiliarias, fabricantes y referentes del sector en el Hilton de Puerto Madero.
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Desregulación y creación de la Mesa de la Industria Inmobiliaria, otros dos focos de Expo Construir
El debate sobre la desregulación y los posibles cambios en el corretaje ganó fuerza en Puerto Madero, donde tuvo lugar el encuentro sectorial.
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Fabricantes, estudios, desarrolladores e industrias proveedoras participaron de Expo Construir 2026, que cerró con alta convocatoria y fuerte presencia empresarial
El tema tomó aún más relevancia luego de que el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipara semanas atrás en otro encuentro sectorial que el Gobierno trabaja sobre posibles cambios vinculados al corretaje y a distintas actividades profesionales.
Dentro de la exposición aparecieron posiciones contrapuestas. Mientras algunos empresarios defendieron una mayor apertura y competencia, otros referentes inmobiliarios cuestionaron la idea de avanzar sobre un sector que, según sostienen, ya funciona bajo un esquema ampliamente desregulado.
Uno de los anuncios que más repercusión generó fue la creación de la Mesa de la Industria Inmobiliaria. Alejandro Bennazar, director institucional de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y referente de la Mesa de la Industria Inmobiliaria, explicó que el objetivo pasa por reunir a todos los actores vinculados a la actividad, tanto públicos como privados.
“La Mesa de la Industria Inmobiliaria va a agrupar desarrolladores, constructores, inmobiliarios, arquitectos, escribanos, ingenieros y distintos sectores que forman parte de toda la cadena”, señaló durante Expo Construir.
Según explicó Bennazar, la iniciativa surgió dentro de la Cámara Argentina de Comercio y busca generar una instancia de trabajo conjunto frente a posibles reformas impulsadas desde el Estado. Bennazar comentó: “Lo que se intenta es construir un acto colaborativo frente a las reformas o posibles reformas que se quieran implementar”.
El dirigente sostuvo que el sector necesita llevar una voz unificada frente a temas centrales vinculados con vivienda, financiamiento, acceso a la tierra y aprobación de proyectos.
Entre los principales objetivos de la Mesa mencionó tres ejes centrales: generar herramientas para transformar inquilinos en propietarios, mejorar el acceso a la tierra y reducir los tiempos burocráticos para aprobaciones urbanísticas.
“Hoy un proyecto puede llegar a demorarse hasta 20 años entre aprobaciones y cuestiones administrativas. Eso termina afectando toda la actividad”, afirmó.
Dentro de ese esquema también aparecieron herramientas vinculadas a tokenización, financiamiento alternativo y participación de fintech y organismos financieros.
En contra de la desregulación
Bennazar además cuestionó el concepto de desregulación aplicado al corretaje inmobiliario y aseguró que se trata de una actividad que ya opera bajo un esquema abierto. “No existe una actividad más desregulada que la inmobiliaria. Hoy cualquier persona puede comprar, vender o alquilar de forma particular”, sostuvo.
Y agregó: “Hace 25 años se decía que la tecnología iba a reemplazar al inmobiliario. Sin embargo, hoy cerca del 90% de las operaciones siguen pasando por profesionales inmobiliarios”.
El dirigente consideró que el problema no pasa por sumar desregulación sino por fortalecer profesionalización, capacitación y articulación sectorial.
“Es un sector altamente profesionalizado y no entendemos por qué se habla de desregular algo que ya funciona de forma desregulada”, remarcó.
Posturas divididas por la posible desregulación
Del otro lado, empresarios vinculados a plataformas tecnológicas y nuevos modelos de negocio defendieron una mayor apertura del mercado y la eliminación de ciertas restricciones que, según entienden, hoy elevan costos y frenan competencia.
Entre ellos apareció Jorge Amoreo Casotti, de la plataforma PINT, quien respaldó una eventual reforma orientada a flexibilizar el sistema de colegiación y abrir el juego a nuevos actores dentro del negocio inmobiliario.
Para Casotti, el esquema actual genera distorsiones sobre los costos de acceso a la vivienda tanto en alquileres como en compraventas. “Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica”, planteó.
El empresario además vinculó la discusión con los costos transaccionales que afrontan compradores, vendedores e inquilinos. “Gran parte de la composición de los precios tiene que ver con costos administrativos, comercialización, escrituraciones y todo el bagaje jurídico detrás de una operación”, explicó.
Dentro de ese escenario, Casotti consideró que una mayor competencia obligaría al sector a ofrecer distintos formatos comerciales y esquemas de servicios más eficientes. También puso el foco sobre el avance del ecosistema Proptech y el impacto de la tecnología sobre el mercado inmobiliario.
“Existe un cambio de paradigma tecnológico, cultural y estructural en la industria inmobiliaria mundial y Argentina no puede quedar atrás”, expresó. A su vez, relativizó el rol de la matrícula como único respaldo de seguridad jurídica dentro de las operaciones.
“La transparencia y la seguridad jurídica no tienen que ver con un número detrás de un apellido, sino con trayectoria, trazabilidad y buenas prácticas”, sostuvo.
Según describió, hoy las plataformas digitales, la reputación online y los sistemas de validación pública permiten que los usuarios evalúen mejor a quienes intervienen dentro del mercado.
Casotti además consideró que la eventual reforma terminaría impulsando innovación y mayor eficiencia para toda la actividad. “Más competencia implica menos costos, más innovación y mayor eficiencia para toda la industria”, resumió.
El referente de Proptech Team también atribuyó parte de la resistencia a intereses históricos del sector. “Durante décadas los colegios y cajas inmobiliarias funcionaron como estructuras que terminan pagando inquilinos, compradores y propietarios”, cuestionó.
Incluso planteó que muchos colegios podrían reconvertirse hacia sistemas voluntarios de certificación y validación profesional. “Los colegios podrían transformarse en certificadores de idoneidad y calidad, en lugar de funcionar bajo sistemas obligatorios”, agregó Casotti.
Con una mirada distinta, aunque favorable a modernizar procesos y revisar ciertas rigideces, Diego Álvarez Espín, economista, abogado y fundador de la consultora Mercadoinmobiliario (MI), pidió avanzar con cautela para no afectar la seguridad jurídica de las operaciones. “El mercado necesita más competencia, modernización y menores costos, pero eso no puede implicar pérdida de seguridad jurídica”, advirtió.
Álvarez Espín entendió que una eventual reforma podría aportar mayor flexibilidad, incorporación de nuevos actores y aceleración de procesos digitales, aunque remarcó que existen riesgos concretos si desaparecen controles mínimos. “Una operación inmobiliaria no se reduce solamente a mostrar una propiedad. Hay análisis de títulos, documentación, cuestiones fiscales y responsabilidades patrimoniales”, recordó.
El especialista consideró que el desafío pasa por encontrar un esquema intermedio entre apertura y protección al consumidor. Propuso: “La solución no debería ser mercado corporativo versus mercado libre. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema mixto con libertad, pero también con estándares mínimos de idoneidad y responsabilidad”.
La postura de los colegios y el reclamo por seguridad jurídica
Las posiciones más críticas frente a una eventual desregulación llegaron desde distintos referentes de colegios inmobiliarios y entidades profesionales.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI), cuestionó la posibilidad de avanzar hacia una apertura total de la actividad y advirtió sobre posibles efectos negativos para consumidores y operadores.
“Existe un desconocimiento absoluto sobre cómo funciona el mercado inmobiliario y cuál es el rol del corredor”, expresó.
Liotto diferenció además el mercado inmobiliario de la actividad profesional del corretaje y rechazó la idea de equiparar honorarios con márgenes comerciales tradicionales. “El corretaje es una actividad profesional orientada a brindar seguridad jurídica, no un negocio de reventa”, explicó.
La dirigente remarcó que el trabajo del corredor no se limita a una intermediación comercial, sino que involucra controles documentales, prevención de conflictos y acompañamiento técnico durante toda la operación. También alertó sobre el impacto que podría generar la eliminación de regulaciones o controles profesionales. “La falta de profesionalización no bajaría costos. Podría generar gastos ocultos, informalidad y mayor desprotección para consumidores”, advirtió.
Liotto además defendió el rol de los colegios como organismos de control ético y capacitación permanente dentro de la actividad inmobiliaria.
En paralelo, reconoció que el sector ya atraviesa un proceso de transformación tecnológica y sostuvo que gran parte de los corredores viene incorporando nuevas herramientas digitales. “La tecnología avanza constantemente y obliga a actualización permanente. Justamente una de las funciones de los colegios es acompañar esa capacitación”, concluyó Liotto.