Reforma laboral: el mapa de apoyos y rechazos de los empresarios al proyecto del Gobierno

Hay consenso entre las cámaras empresariales en avanzar con el proyecto de modernización laboral. Sin embargo, advierten reparos que, entienden, el oficialismo debería considerar.

La reforma laboral se discutiría en el Congreso durante la segunda semana de febrero.

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Pasada la primera quincena de enero, el oficialismo en el Senado de la Nación Argentina terminó de definir el cronograma para el tratamiento del Proyecto de Ley de Modernización Laboral en la Cámara Alta. Las fechas tentativas ubican el debate en comisión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, en una semana clave para una iniciativa que fue redactada con participación directa de los principales actores del empresariado argentino.

Esa particularidad explica el tono del posicionamiento empresario: aunque predomina el acompañamiento al rumbo del proyecto, se advierten objeciones puntuales que atraviesan a casi todas las cámaras y ponen el foco en la negociación colectiva, la previsibilidad normativa y el impacto diferencial según tamaño de empresa y sector productivo.

Consenso en el diagnóstico, matices en la letra chica

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el respaldo al proyecto es explícito, aunque no exento de observaciones. En una reunión mantenida con los equipos técnicos de la senadora Patricia Bullrich, la entidad manifestó su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, destacando la necesidad de adaptar la legislación laboral a las transformaciones sociales y tecnológicas del mercado de trabajo.

“Compartimos el espíritu del proyecto, centrado en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, sostuvo su presidente, Natalio Mario Grinman, quien subrayó que, desde la experiencia de una institución centenaria y signataria del convenio colectivo más numeroso del país, la modernización “resulta clave para promover empleo formal, competitividad y dinamismo económico”.

La CAC valoró especialmente los avances en materia indemnizatoria, la tasa de actualización de créditos laborales, la regulación de la prestación mínima de servicios durante medidas de fuerza y el reconocimiento de nuevas modalidades de contratación. No obstante, aclaró que realizó observaciones sobre “unos pocos artículos” de un proyecto que ronda los 200 disposiciones, y confirmó que sus equipos técnicos trabajan en propuestas para conciliar la iniciativa oficial con la mirada sectorial.

Una posición similar adoptó la Unión Industrial Argentina (UIA), que expresó un respaldo explícito y presentó ante el Senado un documento con 20 puntos en defensa del proyecto. Para la entidad fabril, la reforma propone un nuevo marco de relaciones laborales orientado a reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad jurídica y adaptar la normativa a los cambios productivos y tecnológicos.

Sin embargo, en ámbitos reservados, la UIA dejó trascender reparos sobre el artículo 62, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y obliga a todas las empresas privadas a aportar el 3% de las remuneraciones para su financiamiento, un esquema que despierta alarmas por costos adicionales considerados innecesarios y su impacto en la estructura empresarial.

Alarma pyme: apoyo al espíritu, rechazo a artículos clave

Donde las objeciones se vuelven más explícitas es en el universo pyme. Tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como ADIMRA acompañan el objetivo general de modernización y reducción de la litigiosidad, pero advierten que el capítulo de "Derecho Colectivo" introduce riesgos que van en sentido contrario.

Desde CAME sostienen que los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 “ponen en crisis el objetivo perseguido”. En particular, cuestionan la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que limitaría la vigencia automática a las cláusulas normativas y dejaría afuera las obligacionales.

Según la entidad, esto desnaturaliza el convenio colectivo como instrumento integral, rompe el equilibrio entre las partes y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral, además de plantear posibles tensiones con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT.

ADIMRA coincide en el diagnóstico y advierte sobre el impacto concreto en la industria metalúrgica pyme. Con datos recientes de caída de la producción metalúrgica (-7,1% interanual y -1,3% mensual), la entidad asegura que una pyme “no puede renegociar su marco laboral todos los años” y que, frente a la duda, “no invierte y no toma gente”.

También alertan que el cambio en el orden de prelación de los convenios, privilegiando los de empresa por sobre los de actividad, favorece a las grandes compañías con estructura negociadora y deja a las pymes en clara desventaja frente a sindicatos con mayor poder de fuego.

Otro punto crítico compartido con CAME es la prohibición de aportes convencionales a cámaras empresarias, mientras se mantienen los sindicales. Para ADIMRA, esta asimetría debilita la representación empresaria, clave para sostener capacitación, asistencia técnica y desarrollo tecnológico en miles de pequeñas y medianas empresas.

A eso se suma la preocupación por el artículo 132, que habilita al Poder Ejecutivo a intervenir convenios colectivos homologados bajo criterios amplios como “interés general” o “distorsiones económicas graves”, introduciendo un factor adicional de discrecionalidad.

El respaldo de los grandes jugadores

En el extremo de mayor apoyo se ubican los grandes grupos empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En su almuerzo de fin de año, realizado el 18 de diciembre pasado, la entidad destacó que las reformas laboral y tributaria apuntan a mejorar la competitividad de la economía y manifestó su coincidencia con el énfasis oficial en reducir el peso del Estado, eliminar el déficit fiscal y bajar la presión tributaria.

Desde AEA, no obstante, también se planteó la necesidad de sostener un diálogo más fluido con las empresas durante el proceso legislativo, una señal de que, aun entre los actores más alineados con el Gobierno, la implementación y los detalles normativos siguen siendo una preocupación.

El reclamo agroindustrial: quiénes quedarían afuera de la reforma

Un capítulo específico lo abrió el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que presentó ante los jefes de bloque del Senado una propuesta formal para modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido dentro del proyecto de modernización laboral.

El CAA, que representa a 63 cámaras y 36 cadenas de valor y explica el 58% de las exportaciones del país, advirtió que la redacción actual del régimen “excluye a un amplio conjunto de inversiones agroindustriales, especialmente en economías regionales”.

Entre los potencialmente afectados figuran bodegas, plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, establecimientos de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos, fábricas de molienda de girasol y la industria de maquinaria agrícola.

“Actualmente, el RIGI ya excluye a las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a pymes, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana”, advirtieron desde el espacio empresario, que reclama un esquema verdaderamente federal y promotor del empleo y la inversión.

El rechazo bancario: billeteras virtuales, la línea roja

El sector bancario introdujo el cuestionamiento más duro y explícito. Las entidades ADEBA, ABA y ABAPPRA rechazaron de plano la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, tal como habilita el proyecto de reforma laboral.

En un comunicado conjunto, los bancos señalaron que el sistema de pago de salarios y jubilaciones a través de entidades autorizadas y supervisadas “ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas” del país y recordaron que el sistema financiero “demostró su fortaleza aun durante las crisis de las últimas tres décadas”.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente y gratuito”, subrayaron, y remarcaron que, en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, resulta conveniente que salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal. En ese sentido, advirtieron que no se observan beneficios, pero sí costos y riesgos, de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de garantizar el pago y la seguridad de sueldos y jubilaciones.