Charlas de quincho

Mario Negri.

Semana 13 de cuarentena local con un cansancio de encierro directamente proporcional al crecimiento de casos positivos de coronavirus, con rebrotes en distintos lugares como Chaco, Santiago del Estero, etc., y cada vez más difícil contención de la gente que por necesidad, o porque va perdiendo el miedo, van flexibilizando de hecho las restricciones. Por supuesto que el escándalo semanal esta vez fue de magnitud, y recayó sobre una empresa golpeada económica y financieramente, la santafesina Vicentin, que fue imprevistamente intervenida por el Gobierno nacional, lo que levantó polvareda política, empresarial y jurídica, opacando todas las cuestiones aún pendientes de períodos anteriores, y hasta la probable prórroga de la cuarentena hasta julio. Igual, siguieron multiplicándose también los encuentros virtuales, aunque variaron bastante los temas. Trascendió una interna empresarial con miembros de la UIA, igual que entre las entidades nacionales del campo, especialmente con una de ellas; algunas comidas privadas muy chicas, de 3-4 personas como máximo, y un frente internacional, que no tiene nada que envidiarle al interno. También delicias judiciales al ritmo de las discusiones sobre el destino del control de las escuchas telefónicas y el de la Corte misma. Veamos.

Tanto los vaivenes del dólar como las restricciones impuestas por el Banco Central para acotar operaciones con la divisa, las limitaciones para acceder a créditos preferenciales, o el juicio contra Argentina por YPF, o la negociación de la deuda que sigue pendiente, entre otras varias cuestiones, pasaron de un plumazo a un absoluto segundo plano ni bien trascendió la imprevista decisión del Gobierno nacional de intervenir a la empresa Vicentin, tomando de sorpresa, incluso, a varios ministros del Gabinete (como el de Agricultura, el formoseño Luis Basterra), y hasta el gobernador -propio- de Santa Fe, Omar Perotti, que venía negociando con el casi centenario grupo agroindustrial, a fin de encontrar una salida al conflicto económico-financiero; o al equilibrista Juan Schiaretti, de Córdoba, provincia donde se prolongaba anoche una reunión de la Mesa de Enlace (las entidades del campo) mediterránea, en Jesús María, de la que también participaban Mario Negri, o Héctor Baldassi, entre medio centenar de dirigentes sectoriales y políticos, y donde los cordobeses reconocían que también los había sorprendido tanto la acción directa del Gobierno como que el coterráneo Roberto Urquía, propietario de otra aceitera -AGD, Aceitera General Deheza-, y que fuera senador peronista durante la administración Kirchner, hubiera estado involucrado en el asunto como eventual receptor de la concursada Vicentin, opción que terminó declinando. Es probable que en la decisión haya pesado el antecedente de la 125, y las presiones recibidas en aquel momento, al margen de la cantidad de derivaciones que su grupo empresarial tiene en la actualidad (incluyendo asuntos de logística en transporte de cargas, estaciones de relevo, almacenamiento, etc.), que pueden verse afectadas. Y mientras todavía se trata de entender el porqué del apresuramiento y se comienzan a “contar” las adhesiones y rechazos, algunas posturas ya fueron hechas públicas, como la de Roberto Lavagna y su grupo, opuesto a esta cuestión, así como la de algunos legisladores de los históricos del peronismo, caso Alberto Reutemann, Carlos Romero, etc., cuya postura histórica es contraria a este tipo de medidas.

Ni bien saltó la noticia, el mismo martes, aunque no era demasiado clara la figura, la reacción local en el norte de Santa Fe fue inmediata, y la “pueblada” impidió el primer desembarco de la intervención, que recién se pudo concretar el jueves. Igual las aguas no están quietas, y mientras ya hubo algunos movimientos en los costados de las rutas (como en Salliqueló), para esta mañana está prevista otra protesta en Avellaneda y Reconquista, esta vez con tractores, en defensa de la propiedad privada, uno de los argumentos comunes en todas las charlas empresariales. La tarea no va a ser fácil y muchos de los argumentos se discuten, como el de la “seguridad alimentaria”; el de evitar el capital extranjero en las empresas (Vicentin ya es socia de la suiza Glencore, o se sabe que Nidera o Cofco son de capitales, chinos, etc.) y menos aún, que se recurra al “salvataje” con otra empresa como es YPF. “¿Y quien va a poner la plata para expropiar, entonces?”, preguntaba en un chat un empresario. Con semejante escenario, ya en los sectores políticos comienza a evaluarse la conmemoración del Día de la Bandera en Rosario el próximo fin de semana, entre otras cosas, porque el presidente Alberto Fernández aseguró que asistirá, en ese caso el gobernador Omar Perotti deberá estar presente, Nadie quiere reeditar el 25 de Mayo de 2008 y de ahí que el Gobierno esté haciendo todos los cálculos para evitar algún nuevo error de apreciación respecto a la reacción pública. El frente empresarial también se complicó con el tema ya que si bien la posición es bastante generalizada respecto a la división de poderes, a la propiedad privada, y a la no intervención del Estado en cuestiones empresariales, no todos se “animan” a expresarlo en voz alta y con claridad. De ahí que en varios foros se armaron trifulcas de magnitud cuando se dieron a conocer comunicados que “no reflejan lo que se dijo adentro de la reunión”, se enojaban algunos, por el tono “almibarado” de algunas de las múltiples declaraciones que se fueron sucediendo. Por otro lado, también quedaron claros algunos personalismos de quienes apuntan a ocupar algún lugar de recambio en el Gabinete, tanto desde las filas de la UIA como desde la Mesa de Enlace Agropecuaria o, incluso, algún exnostálgico de los primeros planos, como Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, hoy aparentemente “alineado” con el “albertismo”, a pesar de haber conformado aquel frente de dirigentes que se alzó con el “No, positivo” de Julio Cleto Cobos hace 12 años. Las diferencias parece que alcanzan también a entidades como Copal, donde su presidente, Daniel Funes de Rioja (también UIA), prefiere las aguas más calmas de acuerdos de salón, pero en el seno de la entidad, que nuclea a muchas de las principales alimentarias del país, crece la preocupación por las inversiones y los créditos internacionales a los que pueden llegar a acceder si no se garantiza la seguridad jurídica de todos estos movimientos.

El mundo judicial hizo comidilla con la versión taquigráfica de la última intervención del senador Oscar Parrilli en el Senado referido a la discusión del regreso de las escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General, sacándolas de la égida de la Corte Suprema. Y apuntaron a lo que interpretan un filoso mensaje de Cristina de Kirchner dirigido al expresidente del máximo Tribunal Ricardo Lorenzetti. El senador neuquino recordó el proceso por el cual las escuchas quedaron bajo comando del camarista Martín Irurzun, nombre que había aparecido en la prensa incluso antes de que se hubiera realizado el sorteo que correspondía. Una fija. “Yo he denunciado penalmente al doctor Lorenzetti, y además he hecho una presentación ante la Corte Suprema para que investiguen y nos muestren el expediente y así podamos ver dónde está el sorteo realizado”, disparó Parrilli. “Porque si efectivamente, como presuponemos, no hubo ningún sorteo y fue hecho absolutamente a dedo, el doctor Lorenzetti ha incurrido en un delito, que es adulterar un documento público”, remató. Luego deslizó que la Dajudeco fue una “oficina de inteligencia paralela”. “Reitero: Lorenzetti, Irurzun y (Tomás) Rodríguez Ponte son los responsables de haber montado esa agencia que permitió intromisiones y que esas escuchas fueran llevadas a los medios”. La nota fue que las escuchas, merced a un decreto de Macri, salieron de la Procuración rumbo a la Corte, pero que un sector del kirchnerismo -léase Cristina- tiene en la mira una tríada de responsabilidades sobre ese tópico. Algunos comprendieron mejor el mensaje que dejó flotando en el video -prolijamente preparado- en el que relató su viaje a Lomas de Zamora para constituirse en querellante de la causa por espionaje ilegal que hace temblar a la política.

Mientras continúan las interminables semanas de aislamiento en varios distritos, el oficialismo avanzó con temas de fondo en el Senado y dinamitó el clima “acuerdista” que reinó hasta hace 15 días en la Cámara alta, tal como contó en detalle Ámbito. La disputa se da por las acciones del kirchnerismo hacia cuestiones por fuera de la pandemia, que era lo consensuado en el protocolo para sesionar de manera virtual-presencial. La presentación de proyectos menguó durante la cuarentena, aunque algunas iniciativas llaman la atención. Por ejemplo, la legisladora pampeana del Frente de Todos Norma Durango impulsa la incorporación del “lenguaje inclusivo en cuanto al género en la redacción de los documentos oficiales de la Administración Pública Nacional centralizada, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos”. Para ello, se forzará la creación de un manual de estilo. Lo curioso aparece en los fundamentos del texto, donde se recuerda y reconoce “como antecedente el trabajo legislativo de la senadora nacional (MC) María C. Perceval, que obtuviera media sanción del Honorable Senado de la Nación en el año 2008 (S-34/08)”. También se aclara: “No obstante, el proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados de la Nación y perdió estado parlamentario”. Es decir, durante el cristinismo y con mayoría cómoda -y guiño opositor- para convertirlo en ley. También, con legisladores oficialistas que exageran apoyos a cuestiones olvidadas durante décadas, y que hoy están en puestos importantes del Ejecutivo. Sobre ellos no hay reproches.

Los grupos de WhatsApp de juristas especialistas en derecho administrativo cada tanto se activan con un caso de relevancia. Obviamente, los pormenores del caso Vicentin y el intento del Gobierno con sus luces y sombras de avanzar en un plan de expropiación de la cerealera despertaron el interés. Pero lo que falta a veces es lo que llama la atención. Varios se sorprendieron (o no tanto) con una omisión significativa. Y es que el Gobierno hizo pasadas las 17 del 8 de junio su anuncio de avanzar en la intervención y posterior declaración de utilidad pública. El problema es que el DNU que emitió el Poder Ejecutivo para dar el primer paso no estuvo disponible sino hasta las 10 de la mañana del día siguiente. En la Casa Rosada y el Ministerio de Producción estaban inquietos con el “gap” temporal que hubiera permitido al Grupo Vicentin y a la familia Nardelli interponer algún tipo de obstáculo judicial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini, que tiene el concurso de acreedores del holding. Con tiempo de sobra para presentarse en “las dos primeras horas”, como se dice a la apertura del horario judicial y antes de que aterrice el DNU, el sugestivo silencio dio pistas de que lo importante no es el proceso concursal y la intervención dispuesta, sino el reclamo multimillonario que sobrevendrá luego.