El termómetro del desperdicio: 1 de cada 4 argentinos tira alimentos todas las semanas

A nivel domiciliario, más de la mitad de las personas encuestadas en la región asegura desechar comida una vez al mes o menos (54,2%), mientras casi una cuarta parte (23,1%) reconoce hacerlo al menos una o dos veces por semana y un 4,2% admite desperdiciar alimentos frecuentemente o siempre.

Desde Cheaf dicen que "aún queda mucho por hacer" sobre este fenómeno.

Con el objetivo de comprender el nivel de conocimiento en Latinoamérica sobre este problema, Cheaf dio a conocer los resultados de su Encuesta Regional sobre Percepción de Desperdicio de Alimentos 2025, la cual consultó a 5.858 personas en la Argentina, Chile y México exploró hábitos, percepciones y posibles soluciones para enfrentar este desafío.

Un problema que impacta en la economía familiar, encarece la canasta básica y acelera el cambio climático: así define Cheaf al desperdicio de alimentos en su encuesta, que releva hábitos y percepciones en Argentina, Chile y México.

El estudio evidencia que el 23,1% de las personas tira comida al menos una o dos veces por semana, y un 4,2% lo hace con frecuencia o siempre. Al mismo tiempo, más de la mitad (54,2%) afirma desperdiciar alimentos una vez al mes o menos, pero el patrón de descarte es consistente: comidas preparadas y sobras (38,9%) y frutas y verduras (34,3%) son los productos más afectados.

La principal causa de desperdicio es que los alimentos se descomponen antes de poder usarse (40,8%), seguida por cocinar de más y no consumir los sobrantes. Aunque la mayoría ya aplica medidas como congelar (71,6%), planificar compras (53,3%) o reutilizar sobras (49,7%), persisten fallas en la organización doméstica que derivan en pérdidas significativas.

Demanda ciudadana de leyes y desconocimiento legal

Uno de los hallazgos más contundentes es que el 57,6% de las personas cree que debería existir una ley que obligue a donar o rescatar alimentos, mientras otro 29,5% apoya una normativa con incentivos más que obligaciones. Sin embargo, la mayoría no sabe si esas leyes existen: el desconocimiento alcanza al 71,8% en Argentina, 64% en Chile y 59,4% en México (pese a que este último país ya cuenta con una regulación específica desde 2022).

“El interés por contar con leyes que regulen el desperdicio de alimentos es alto, pero el desconocimiento sobre su existencia muestra que aún queda mucho por hacer. Es necesario fortalecer la educación y la comunicación para que la sociedad conozca sus derechos, asuma responsabilidades y actúe de forma consciente frente a este desafío”, señaló el cofundador y CEO de Cheaf Kim Durand.

Desde Cheaf definen el desperdicio de alimentos como un impacto "en la economía familiar, la canasta básica y el cambio climático".

Reuters

La Argentina: alta preocupación, poco conocimiento

En el marco de sus seis meses de operaciones en Argentina, Cheaf revela en su informe que el 89,3% de las personas considera que el desperdicio de alimentos es un problema grave o relevante, y que la mitad de la población cree que debería ocupar un lugar más destacado en la agenda pública. Sin embargo, solo el 62,3% sabe que esta práctica es responsable de casi el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y apenas el 12,4% se siente muy informado/a sobre su impacto ambiental.

Cuando se consulta por la urgencia del tema, solo el 39,9% de las personas cree que requiere atención inmediata, ubicando a Argentina por debajo de Chile (45,5%) y México (42,4%).

En cuanto a los hábitos, más de la mitad de los encuestados afirma que rara vez tira comida y un 22,8% sostiene que nunca lo hace. Sin embargo, los alimentos más desperdiciados en los hogares argentinos son frutas, verduras, comidas cocinadas y panificados, en su mayoría porque se echan a perder antes de consumirse. Las principales soluciones aplicadas son individuales —congelar, reutilizar, planificar— y hay baja adopción de estrategias comunitarias o colaborativas.

En materia legal, Argentina es el país con mayor desconocimiento normativo: el 71,8% no sabe si existe alguna regulación contra el desperdicio, aunque el 85,1% apoya una ley que obligue o incentive la donación de alimentos aptos para el consumo.

ONGs y bancos de alimentos son percibidos como los actores que mejor están enfrentando el problema, mientras que los gobiernos ocupan el último lugar en confianza. Este dato, sumado a la alta preocupación ciudadana, señala una oportunidad para convertir esa conciencia en acción concreta y en políticas públicas efectivas.

Estos hallazgos nos llaman a mirar de cerca nuestras decisiones cotidianas: cada alimento desperdiciado impacta en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Más allá de tomar conciencia, es momento de actuar: planificar nuestras compras, reutilizar sobras, apoyar la donación y exigir políticas públicas que promuevan la sostenibilidad. Reducir el desperdicio de alimentos no es solo un desafío individual, sino una oportunidad colectiva para transformar hábitos en acciones concretas y construir un futuro más justo y sostenible para todos.