Tras doce años de investigación, cae una causa que ligaba a Moyano con Covelia

El expediente lo inició de oficio el fiscal Stornelli en base a notas del diario Clarín.

Hugo Moyano

La Justicia archivó una causa iniciada de oficio en 2011 por el fiscal federal Carlos Stornelli, que buscaba vincular societariamente al sindicalista camionero Hugo Moyano con la firma de recolección de residuos Covelia. El fallo del juez Daniel Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, puso punto final a un expediente que en doce años acumuló decenas de allanamientos, medidas de prueba y pedidos de informes, además de exhortos a Suiza, un conflicto diplomático con esa nación europea y un paro nacional de la CGT levantado a último momento por el propio dirigente, entonces a cargo de la central obrera.

El fallo de Rafecas, al que tuvo acceso exclusivo este diario y que fue firmado hace un mes, no tuvo apelación alguna y así dejó firme los sobreseimientos del dueño de Covelia, Ricardo Depresbiteris, y de sus socios y familiares ligados a la empresa Elvira Mete (su esposa), Marcelo Fabián González, Regina Depresbiteris, Luis María Carlini y Nelly Rosa Lettieri. Stornelli los había acusado, en base a notas del diario Clarín, por presunto lavado de activos por más de un millón de dólares y la aparente creación de una empresa fantasma para llevar a cabo la maniobra.

El expediente detonó a fines de 2011 en medio de una creciente disputa entre Moyano y la entonces presidenta, Cristina de Kirchner, y se agudizó con la intervención de la Justicia de Suiza una vez que bloqueó una cuenta De Depresbiteris en una banco de ese país y le pidió a la Cancillería argentina informes relacionados con el gremialista en base a recortes periodísticos que lo ligaban al propietario de Covelia. En esa instancia, y cuando la causa la tramitaba el hoy fallecido juez Norberto Oyarbide, el sindicalista llamó a un paro de Camioneros que rápidamente ganó la adhesión del resto de las organizaciones de la CGT.

La escalada hizo que tanto Oyarbide como el servicio exterior argentino buscaran apaciguar la tensión y el pedido de Suiza fue devuelto sin respuesta por aparentes fallas de forma. Desde entonces, la tramitación se mantuvo con menor visibilidad y luego de la muerte de Oyarbide la causa pasó a Rafecas.

Aunque en ningún momento del sumario Moyano figuraba como imputado, la investigación iniciada de oficio por Stornelli se hizo eco de varias notas periodísticas previas de Clarín, que a su vez apuntaban a darle sustento jurídico a la versión insistente acerca de un nexo directo entre Covelia y Moyano. Tanto Hugo como su hijo mayor, Pablo, fueron históricamente lobistas de esa empresa de recolección pero hasta ahora no pudo probarse que lo hicieran por un interés societario.

El eje de la causa fue un aporte de 1.373.723 dólares de la empresa Down Stream Company a favor de Covelia, realizado a través de un aparente contrato entre ambas firmas que contemplaba la supuesta devolución del dinero en dos cuotas, con un interés del 4%, con fondos de la uruguaya Trinity Fair, con características asimilables a las de una compañía fantasma. La investigación contó con el impulso en aquellos años de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno de Cristina de Kirchner.

“En el caso no se encuentran reunidos elementos suficientes que permitan sostener, al menos de modo indiciario, la ocurrencia de sucesos delictivos que pudieran haber originado las ganancias puestas en circulación mediante las maniobras que aquí se investigan”, señala el fallo de Rafecas al hacerse eco del dictamen de Mángano. Y agrega que la fiscal, en base a las pruebas colectadas, no logró “obtener elementos concretos que permitan profundizar la investigación para identificar sucesos que puedan configurar una puesta en circulación de bienes de origen ilícito”, lo que impone el dictado de los sobreseimientos.