Perú reclamó a EEUU que deporte al expresidente Toledo
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Alejandro Toledo.
El premier coincidió en que la otra opción para lograr la deportación de Toledo es "el mecanismo del Departamento de Justicia con la información que envía el juez" sobre el proceso abierto en Perú.
Sobre esa solicitud de información adicional, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, declaró hoy que el sistema judicial penal ha cumplido con una serie de pedidos de detención previsora con fines de extradición, "pero la autoridad judicial de Estados Unidos ha pedido un informe adicional y se va a cumplir con ello".
Sánchez añadió que la investigación preparatoria contra Toledo está formalizada y "se ha pedido prisión preventiva porque existen elementos probatorios suficientes que identifican delitos y lo vinculan a él, de modo que no hay persecución política, sino penal".
El primer ministro remarcó que el Gobierno peruano ha actuado con todos los mecanismos que le faculta la ley para evitar las acusaciones de una presunta persecución política como sostiene el expresidente (2001-2006).
"No hemos ido más allá de la ley, no hay ninguna interferencia política, nos hemos cuidado de estar dentro del marco de la ley en el Perú y en el extranjero", expresó.
Toledo denunció ayer ser víctima de una "caza de brujas" y agregó que llamarlo "fugitivo" es una distorsión maquiavélica, al negar los cargos que se le imputan mediante un mensaje en Twitter.
De otro lado, el Gobierno ha creado el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) para recaudar el pago de las reparaciones civiles de empresas sentenciadas o que hayan aceptado su responsabilidad en actos de corrupción, según un decreto de urgencia anunciado ayer por Kuczynski en mensaje a la Nación.
El fondo forma parte de una serie de medidas para evitar la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y "la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país", como consecuencia de actos de corrupción de empresas concesionarias o contratistas, precisó la norma.
El Ministerio de Justicia debe pedir al procurador Público la cifra que corresponda por reparación civil por concepto de daños y perjuicios.
Además, el decreto de urgencia aprobó la suspensión del derecho de realizar transferencias al exterior de cualquier persona o representante de empresa sentenciada por corrupción o que haya admitido la comisión de los delitos contra la administración pública, lavado de activos o sus equivalentes.
Kuczysnki declaró ayer que el Estado peruano no volverá a contratar a la constructora brasileña Odebrecht y le obligará a cumplir con sus deudas en Perú antes de transferir sus recursos al exterior.