Así se refirió el mandatario a las irregularidades detectadas en el otorgamiento de los programas sociales, especialmente en los que aparecen involucrados comisionados rurales y concejales del interior.
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Según el cálculo de Alperovich, en la provincia hay casi 30.000 personas que gozan de un beneficio que no deberían haber obtenido y manifestó que las anormalidades no surgieron durante su administración, sino que vienen de gestiones anteriores.
«Vengo denunciando esta injusticia desde que asumí, no sólo se trata de los comisionados rurales, sino que hay comerciantes que tienen planes y no los que realmente lo merecen», indicó.
Por otra parte, el mandatario informó que hace cuatro meses le pidió a la Nación una auditoría en forma conjunta para terminar con el problema.
Por otra parte, adelantó que esperará que actúe primero la Justicia porque la provincia no puede dar de baja los planes, y la responsabilidad sobre el manejo de la distribución de cupos es exclusiva del gobierno nacional.
Por su lado, el secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, no descartó que se llegue a la intervención de las comunas donde se han constatado irregularidades.
De todos modos, aseveró que Alperovich aguardará los resultados de la investigación judicial para adoptar alguna medida institucional.
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