Acusó San Luis a Nación de "aniquilar propiedad privada"

La presentación la hizo ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marcelo Cantón, en el marco de su reclamo para evitar la pesificación a $ 1,40 de los 247 millones de dólares de reservas que el «corralito» y la posterior pesificación encontraron depositadas en el Banco Nación.La demanda fue radicada personalmente por Lemme con el aval de aproximadamente cien mil ciudadanos puntanos que adhirieron con sus firmas a la acción interpuesta en la sede del organismo en Estados Unidos. «Han sido violados el derecho de preservación de la salud y el bienestar, el derecho a la educación y las disposiciones relativas a la propiedad privada que ha sido confiscada como a la protección judicial al pervertir una acción de amparo (entablada en febrero de este año) que hasta ahora no fue resuelta», precisa la presentación de Lemme que recurrió al organismo con el patrocinio de Alberto Zuppi.
Para la mandataria sanluiseña se produjo por parte del Estado argentino «una violación del derecho la propiedad de sus comprovincianos sanluiseños al apoderarse de los fondos destinados a la atención de la salud, la educación, el trabajo y el bienestar de los habitantes» de la provincia.
En ese sentido expuso que «el despojo» se realizó con la «aquiescencia de las autoridades del Banco Central y del Banco Nación» que se «apoderaron lisa y llanamente del dinero depositado en dólares el cual fue sometido compulsivamente a la pesificación».
Lemme, que apeló al organisno, en su condición de ciudadana sanluiseña y no en representación del estado sanluiseño, le comunicó además que al momento de hacer presentación «agotó todos los medios judiciales internos». La mandataria provincial acusó que hubo «una aniquilación de la propiedad privada porque la pesificación compulsiva afectó la sustancia, la propia materialidad del derecho representado por los depósitos, fue una medida confiscatoria irreversible, definitiva».
«Estos fondos son los que permiten que cada de unos de los ciudadanos sanluiseños puedan acceder al bienestar social, al transporte, a los empleos y a las obras públicas que hacen al desarrollo de la provincia donde viven. En esas condiciones es que el despojo nos golpea a todos en particular y no solamente a las instituciones provinciales», sostuvo Lemme.
Advirtió también que la pesificación «representó una confiscación» de $ 1.351 por cada sanluiseño que «contribuyó con sus impuestos a la conformación del ahorro arbitrariamente confiscado». Y afectó «el desarrollo del modelo de gestión vigente».