Alerta: paros vuelven a complicar a Solá

El gobernador recordó que ya otorgó «dos aumentos salariales a los estatales». En ese marco, aseguró que intenta mantener una «relación seria y respetuosa con los gremios», aunque dijo «no haber recibido ese trato por parte de quienes se movilizaron». Los empleados agrupados en la CTA pararon ayer y se movilizaron a la Casa de Gobierno provincial, en una medida de fuerza a la que adhirieron los judiciales, los docentes, agentes de salud, universitarios y agrupaciones de desocupados. De esta forma, se alejaron del ámbito de negociación que el Ministerio de Trabajo bonaerense activó desde mediados de año con los más de treinta sindicatos provinciales.
«Están rompiendo el diálogo y los códigos», manifestaron ayer a este diario fuentes de la administración Solá, donde se multiplican las señales de disgusto ante medidas de fuerza que no fueron notificadas ante la provincia y una actitud de sectores sindicales que -entienden- «está orientada a enrarecer el clima».
 Manifestaciones
La Legislatura y la Casa de Gobierno fueron ayer escenario de manifestaciones de estatales que responden a ATE y la CTA, que además contaron con apoyo de la CCC. En paralelo, también están en pie de guerra los municipales de Buenos Aires que responden al duhaldista Alfredo Atanasof, que amenazan con medidas de fuerza.
En el gobierno bonaerense entienden que estos grupos actúan por «oportunismo político», justo en tiempos en que Solá está reacomodando su sintonía con el presidente Néstor Kirchner. «Quieren digitar el presupuesto, pero no pueden pretender que todos los recursos disponibles se orienten a sueldos», reaccionan.
Aun así, este levantamiento de la mesa de discusión también es leído como una búsqueda de ganar terreno en la provincia, en vista de que el gremio que concentra la mayoría de los 450 mil estatales es UPCN. Entre los reclamos que enarbolan los grupos de sindicalistas de la CTA se encuentran pedidos como el pase a planta de contratados
-para sumar afiliados- o el rechazo a la adhesión de la provincia a la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que pondría trabas a los gobiernos para que apliquen aumentos salariales.