Santa Cruz - La Justicia santacruceña allanó las sedes de la UOCRA provincial en Río Gallegos y en El Calafate, como parte de la investigación por el ataque el pasado martes de activistas de ese gremio contra docentes y estatales que repartían volantes en la Ruta 40, a la altura de la localidad de 28 de Noviembre.
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Este escenario se da en medio de un clima de tensión sindical y política en la provincia, signado por un paro por tiempo indeterminado de maestros (con consignas salariales y de repudio a los disturbios) y una extensa huelga de petroleros disidentes.
El malestar en torno a las aulas vacías derivará hoy en una movilización de padres hacia la Casa de Gobierno, en Río Gallegos, para exigir el fin de la protesta.
En este marco, la orden de allanamiento sobre la UOCRA fue impartida por el Juzgado Nº 1 de Río Turbio, a cargo de la magistrada Bettina Bustos, y se concretó el pasado viernes. Hasta el momento, la causa está caratulada como «Comisaría de 28 de Noviembre S/ Investigaciones de Lesiones», en referencia a los 17 heridos.
En los allanamientos fue secuestrada documentación de los afiliados, del gremio y de la obra social. No fue el único mal trago por el que debió pasar el titular de la filial local del sindicato de la construcción, Carlos García.
Ese día, el gremialista fue increpado por un grupo de personas en el aeropuerto de Río Gallegos -lo acusaron de ser el responsable del ataque- cuando se aprestaba a subir a un avión de Aerolíneas Argentinas para viajar a Buenos Aires.
García se encuentra en la mira de la UOCRA nacional, que rápidamente salió a despegarse de los incidentes y responsabilizó por los disturbios a la conducción local. Una resolución en este sentido es inminente, según fuentes locales.
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