Otorga un incremento salarial en los básicos y en los adicionales para todo el personal judicial, retroactivo al 1 de abril, e incluye en el beneficio a trabajadores que prestan servicios de maestranza y en la justicia de paz que estaban excluidos del proyecto original. Comprende también el recálculo de la antigüedad de los magistrados, que se hará efectivo a partir del 1 de setiembre y abarcará, además de los jueces, a todos los funcionarios del Poder Judicial, entre ellos a fiscales y defensores adjuntos, secretarios y prosecretarios.
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