Avanzada antievasión

Con este objetivo, ya las autoridades de Rentas pidieron información a los bancos que operan en territorio bonaerense. «En función de las facultades legales que tenemos, (pedimos que) nos informen la titularidad de las cajas de seguridad, con el propósito de allanarlas con orden del juez, para capturar valores que cancelen la deuda impositiva con la provincia», informó ayer el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya. Con ese fin, se ha remitido a los bancos la nómina completa de los deudores.
Parte de esa lista ya comenzó a hacerse publica este fin de semana, con unos 2.390 nombres de personas que son considerados grandes deudores de impuestos bonaerenses.
A partir del 20 de enero se publicarían en Internet el resto de los nombres, siempre y cuando no regularicen la situación fiscal. Se trata de personas que cuentan -según la provincia- con unas 352 mil propiedades inmuebles, 28 mil automotores, 18.800 firmas comerciales y 167 barcos.
La nueva embestida de Montoya en su lucha contra la evasión generó polémica en la provincia, ya que fue tildada por algunos especialistas del derecho tributario de «inconstitucional», al considerar que avanzar sobre las cajas de seguridad es afectar el derecho de propiedad de cada persona.
Una pretensión similar había blandido en 1994 el por entonces ministro de Economía nacional, Domingo Cavallo, aunque en esa oportunidad, consultada la Corte Suprema de Justicia nacional, también las definió como parte de la propiedad privada y planteó la necesidad de una orden judicial, con el fundamento del gobierno acerca de por qué allanar la caja de seguridad.