26 de mayo 2004 - 00:00
Comenzarán a castigar por falta de ahorro energético
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Tarifas
A su vez, EMSA calcula que las tarifas más caras serán para aquellos que no ahorren hasta 10% del consumo, debido a esta empresa tendría que comprar la energía a un costo más elevado, que se trasladaría a las facturas en un período no mayor a tres meses.
Por su parte, el llamado Plan de Uso Racional de Energía de esta provincia que establece que los usuarios residenciales que consuman más de 600 kilovatios hora por bimestre y que no logren ahorrar al menos 5 por ciento de ese gasto energético serán sancionados. En el caso de los comercios, el recargo oscilará entre 22% y 50%, según la categoría del usuario, en tanto que cada provincia podrá definir su propio esquema de ahorro de electricidad, aunque con la condición de consumir 5 por ciento menos que en 2003.
En el caso cordobés, el proyecto de ley presentado por el gobierno de José Manuel de la Sota ante las cámaras empresarias y entidades profesionales para el ahorro energético dispone 15 por ciento de recargo para aquello usuarios residenciales con consumos bimestrales mayores a 240 kwh que demanden por encima de 95 por ciento de igual período del año anterior.
La normativa será oficialmente presentada hoy en la Legislatura por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Oscar Santarelli, y contemplaría la aplicación de recargos similares a los usuarios de tarifa general y de servicios y demás usuarios (exceptuando los grandes clientes) que utilicen por encima de 95 por ciento de la medición registrada en el mismo lapso de 2003.
Demanda
Asimismo, se prevé suspender el otorgamiento de nuevas demandas de potencia y ampliaciones de la demanda durante los cien días siguientes a la promulgación de la ley. Dentro del esquema que propone adoptar señales económicas concretas, habrá además un aumento en la tarifa de alumbrado público sobre la energía consumida de 8 a 18, a fin de estimular la adopción de medidas necesarias para que las luminarias no permanezcan encendidas durante el día.
A su vez, los hogares que se vieron beneficiados con la propuesta de la tarifa social deberán controlar el gasto, ya que se aplicarán penalidades en caso de superar las demandas de potencia autorizadas.




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