Cornejo busca agilizar demandas contra el Estado

Ambito Nacional

El gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, presentó sobre el cierre de su gestión un proyecto de ley para agilizar las demandas contra el Estado.

Actualmente, los procedimientos legales en las demandas que se realizan contra el Estado se basan en una ley sancionada hace más de cien años, que prevé la participación de la Fiscalía de Estado. “El nuevo proyecto trata sobre el procedimiento transaccional de causas judiciales o prejudiciales en las que el Estado provincial o los organismos descentralizados o autárquicos sean parte”, anunció el gobierno mendocino a través de un comunicado. El fin es lograr un acuerdo en alguna de las etapas del proceso. De aprobarse, tendrá vigencia plena para el mandato del también radical Rodolfo Suarez, sucesor de Cornejo.

“Al hablar de Estado provincial se incluye a la Administración Central, los entes descentralizados y los entes autárquicos. En este sentido, se invita a los municipios a adherir. De esta manera, se busca lograr una reducción drástica de costes judiciales como honorarios de abogados, peritos, gastos de justicia, etc., además de evitar un desgaste jurisdiccional y administrativo”, agregó la administración del distrito cuyano.

El proyecto establece tiempos en cada etapa del procedimiento. El representante judicial del ente estatal demandado tendrá cinco días para remitir un informe a la máxima autoridad del ente, donde se fundamente el acuerdo transaccional, para finalizar el proceso judicial. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, desde la recepción del informe y en el tiempo mencionado, la Fiscalía de Estado deberá emitir la opinión coincidiendo o no con el informe. Se podrán requerir informes técnicos a cualquier organismo o repartición del Estado.

En el caso de que la causa tenga contenido patrimonial, la Fiscalía de Estado remitirá a la Comisión Valuadora (CV) los antecedentes de la causa. En el plazo de 10 días, la CV deberá emitir un informe determinando el importe de la transacción para ofrecer y lograr el acuerdo definitivo. En las causas que no tengan contenido patrimonial, la máxima autoridad del ente, antes de remitirse a la Fiscalía de Estado, solicitará un dictamen fundado a su servicio jurídico.

El demandado hará una única oferta, que no podrá superar la suma máxima que surgió de los informes.

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