Corrientes: peor el motín policial

Corrientes - El conflicto salarial de policías, penitenciarios y trabajadores de la salud en Corrientes se agravó ayer, al fracasar un nuevo intento de negociación encarado por el gobierno del radical K Arturo Colombi. Los díscolos endurecieron entonces las medidas de fuerza, que incluyen un autoacuartelamiento que ayer entró en su tercer día consecutivo.
«No se hallarán soluciones si no deponen las medidas», advirtió Colombi en lo que respecta a la embestida de sectores de las fuerzas de seguridad, además de adelantar que investigará si detrás de esta batalla «hay intenciones políticas».
Más directo fue, en cambio, el secretario general de la Gobernación, Carlos Fagúndez, quien denunció que «hay intencionalidad política y económica de un sector que fogonea esta situación, que trata de obtener beneficios económicos para brindar seguridad privada».
Fagúndez afirmó, además, que «la sociedad tiene que estar tranquila» porque «más allá de algunas expresiones, la seguridad está garantizada».
La capital provincial se encuentra virtualmente sin hospitales y sin comisarías funcionando, mientras en el interior provincial comenzaron a sumarse a la protesta trabajadores de ambos sectores.
Anoche, la Policía se mantenía acuartelada por tiempo indeterminado en el predio del Comando Radioeléctrico, sin prestar servicios de puestos fijos ni patrullas en las calles y sin tomar denuncias de la gente en las comisarías.
El servicio de seguridad está por estos tensos días a cargo de un escuadrón de la Gendarmería Nacional, dos unidades de la Prefectura y por la delegación correntina de la Policía Federal.

* Diálogo

En este delicado marco, el comisario Carlos Sotomayor -integrante de la plana mayor de la fuerza- se reunió ayer en el lugar de protesta con un grupo de quince efectivos y familiares de los manifestantes, y les pidió que levanten las medidas para abrir un canal de diálogo directo con el gobierno.
Se trata de la condición que intenta imponer Colombi para sentarse a hablar con los amotinados, mientras avanza en la elaboración de una nueva propuesta de recomposición de sueldos para los efectivos que perciben los menores salarios.
Sin embargo, la propuesta de Sotomayor fue rechazada debido a que los acuartelados exigen un decreto que eleve de 1.100 a 1.500 pesos el salario mínimo de bolsillo, además de la renuncia del jefe de la Policía, Rodolfo Fernández.
Por su parte, médicos, enfermeros y administrativos de los cinco hospitales de la capital decidieron ayer a la mañana extender el paro por cuatro días más -desde el lunes hasta jueves de la semana que viene- y garantizar únicamente la atención de casos de urgencias.
En una asamblea, también convocaron a una movilización hacia la gobernación para el miércoles próximo, en reclamo de un salario básico de 600 pesos y en disconformidad con la suba de 20% anunciada el lunes pasado por el mandatario.