3 de junio 2003 - 00:00
Crece malestar por designación de Saá
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A partir de allí hubo confusión y preocupación porque varios medios radiales difundieron del rumor que daba cuenta que la provincia se había quedado sin gobernador. Hasta algunos canales de TV de Capital Federal se hicieron eco. Voceros del oficialismo transmitieron que el gobierno recibió el «anuncio» con tranquilidad y como reacción se produjo la lógica consulta a Buenos Aires para saber si efectivamente hubo un pedido de apartamiento del cargo de la fórmula gubernamental.
La decisión adoptada por la Cámara baja a instancias del oficialismo provincial de impedir por el término de 3 años el acceso a ella a dirigentes como el intendente de la capital provincial, Carlos Ponce, y al ex diputado provincial Raúl Laborda Ibarra, sirvió para que se reagruparan y doblaran la apuesta: en lo político, decidieron marchar una vez por semana hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura para exigir que se dé marcha con la resolución que consideran «arbitraria». Y en lo institucional, reiteraron a la Corte que haga cesar en la función a Rodríguez Saá porque la Ley de Caducidad de Mandatos está suspendida por el alto tribunal. El ex intendente de villa Mercedes Eduardo Mones Ruiz
-un dirigente vinculado a José Bordón, el ex diputado nacional, Oscar Britos, Juan Jorge Coria, Víctor Hugo Yáñez -ex esposo de la actual vicegobernadora- el ex funcionario de Rodríguez Saá, Eduardo Estrada Dubor, y un grupo de afiliados a agrupaciones afines firman la acción de amparo que ingresó a la Corte ayer a primera hora.
Los accionantes plantean que la Legislatura dictó una ley de caducidad de mandatos tendiente a la renovación total de los cargos electivos en las elecciones de abril mediante la renuncia de quienes estuvieran en funciones.




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