Duro avance de Iglesias contra reclamo de jueces

El tenso tironeo entre el mandatario radical y un grupo de 25 magistrados se profundizó cuando esos jueces reclamaron en agosto una actualización de sueldos sobre la base de la inflación, vía un decreto de 1986, que les redondearía un incremento de 42%. Además, exigieron el pago del retroactivo, desde la salida de la convertibilidad.Según las cuentas que hace Iglesias, ello le representaría a la provincia una erogación de $ 6 millones por año. El planteo avanza en la Justicia local y, de tener cauce positivo, desataría una ola de presentaciones similares de otros magistrados y del resto de la plantilla del Poder Judicial, por la Ley de Enganche. « Serían $ 300 millones por año, no contemplados en el presupuesto provincial, de $ 1.300 millones», le dijo ayer una fuente gubernamental a Ambito Nacional.
 Tensión
El planteo alcanzó por estos días un pico de tensión, luego de que un conjuez ordenara saldar la deuda. Para hacer tiempo, el mandatario pidió el miércoles una audiencia de conciliación. Sobre todo, porque en el gobierno de Iglesias se ve venir un embargo por $ 6 millones.
Pero la movida de fondo de Iglesias radica en dos proyectos de ley que ayer presentó en la Legislatura:
 La primera de las iniciativas pide decretar la autarquía del Poder Judicial, para obligarlo a manejar sus propios fondos y a resolver ellos mismos planteos salariales nacidos en su seno.
 La segunda apunta a que por ley se derogue la norma de ajuste salarial por inflación, para no hacerlo por decreto, bajo la forma de la adhesión a la Ley de Emergencia Económica nacional.
En el entorno de Iglesias aseguran que la semana que viene la Legislatura tratará las presentaciones, y que «hay 90% de probabilidad de que sean aprobadas».
Pero, por las dudas, el gobernador ya mostró su as bajo la manga. Como Kirchner con su amenaza de desatar un plebiscito si no avanza el pedido de juicio político sobre parte de la Corte nacional, el radical advirtió que si la Legislatura no aprueba la iniciativa, llamará a una consulta popular para que los ciudadanos mendocinos definan si quieren o no poner coto al planteo de los jueces. «La Constitución mendocina permite hacer un plebiscito», aclaró una fuente oficial.
La tirante relación entre el gobierno provincial y los jueces es más compleja, y se nutre de otros condimentos. Por caso, en una polémica decisión, la Justicia local llegó a embargar las cuentas provinciales para hacer frente a la devolución de un ajuste salarial de 7,5% a estatales, y por la cual las arcas locales ya pagaron $ 4,5 millones.