Educación: jueves, cumbre clave

Daniel Filmus

Concretamente, los sindicalistas exigen incrementos salariales y mejoras en la estructura edilicia como requisitos «indispensables» para iniciar las clases. De hecho, ya son nueve las provincias donde la retórica gremial promete dejar las aulas vacías: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Río Negro y Tierra del Fuego. Ayer, se sumaron los sindicalistasde Catamarca, elevando a 10 el total de distritos con reclamos de maestros.

Ese dato es clave para entender por qué los ministros de Educación de las provincias han puesto todas sus expectativas en el encuentro de este jueves, el primero desde que el Congreso de la Nación aprobó el 21 de diciembre la ley.

• Presión

Ocurre que los gremios, envalentonados con la presentación nacional de una nueva modalidad de financiamiento educativo, presionan a los gobernadores para aplicar, a cuenta, los recursos comprometidosen la norma para destrabar el conflicto y otorgar subas salariales. También entusiasma a los sindicalistas la invitación a participar en la negociación provincias-Nación que arranca en 48 horas.

La reunión será en Buenos Aires y estará encabezada por el titular de la cartera nacional, Daniel Filmus, recién llegado de las escuelas de alta montaña de Tucumán, donde asistirá mañana para cerrar el ciclo lectivo 2005.

La agenda previa del encuentro oficial incluye cuatro temas: las condiciones laborales de los maestros, el calendario educativo, el salario mínimo para el magisterio y la carrera docente.

Los ministros provinciales intentarán, además, avanzar en reclamos que acercaron los distritos, a través de los legisladores nacionales, cuando el proyecto se debatió en los recintos de Diputados y Senadores. Por caso, critican el reparto del financiamiento: 60% aportado por provincias, 40% por Nación. Cuestionan también la modalidad de asignación: los distritos estarán obligados por ley, mientrasque el aporte de la Nación quedará sujeto al presupuesto anual. En otro orden, hay gran incertidumbre sobre la eventual incorporación de las universidades en la ley, lo que redundaría en un costo adicional para las provincias (en la actualidad, el financiamiento corre por cuenta exclusiva de la Nación).

Otra cuestión que anticipa duros cuestionamientos es que el ritmo de financiamiento quede atado al crecimiento económico del país (PBI). Se trata de un aspecto clave de la ley que, paradójicamente, recibió el respaldo de los legisladores nacionales de cada provincia.

La norma fijó un ajustado calendario de cumplimiento que exige: entre 2006 y 2010 una inversión equivalente a 6% del PBI (2005 cerró con 4,3%). El crecimiento debería darse anualmente a un ritmo de 4,7% para 2006; 5% para 2007; 5,3% para 2008; 5,6% para 2009 y, finalmente, 6% para 2010.

Los ministros de Educación también dudan sobre cómo se administrará la construcción de edificios escolares y el mantenimiento de la infraestructura existente, que hasta diciembre corría por cuenta de las carteras de Obras Públicas provinciales. Frente a la larga lista de inquietudes y reclamos, los propios funcionarios admiten que la reunión del jueves no será definitoria pero, por lo menos, apuestan a armar un frente común para desactivar los reclamos gremiales de aumento salarial.