El kirchnerismo quiere que caduquen concesiones

Precisamente el capítulo referido a las reformas económicas para adaptar la Carta Magna neuquina a la Constitución nacional reformada de 1994 y a la legislación internacional en materia económica había sido trabado, hasta ahora, por la oposición al Movimiento Popular Neuquino (MPN) del gobernador Jorge Sobisch. El mandatario se encargó de instalar la discusión energética a nivel nacional cuando criticó al presidente Néstor Kirchner por acordar la compra de gas a Bolivia en 3,5 dólares el BTU (medida británica de medición del gas), mientras a la provincia se le paga tan sólo un dólar por esa misma cantidad, generándole un serio problema financiero, además de desalentar la exploración. Imposibilidad
Si bien es imposible que una iniciativa de esta naturaleza impulsada por el kirchnerismo local -ubicada a la izquierda, incluso, de las propuestas reestatizantes en el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del flamante presidente boliviano, Evo Morales- pueda pasar el dictamen de la comisión respectiva por falta de mayoría, el hecho despertó seria preocupación en las empresas petroleras y en los sindicatos, que nuclean a los 15.000 trabajadores de esa actividad.
La impronta tiene un fuerte condimento del UNE que lidera el gremialista estatal Julio Fuentes, alineado en el sindicalismo nacional junto a Víctor De Gennaro (Central de Trabajadores Argentinos).
Los dirigentes sindicales de los petroleros privados, Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo, defendieron las fuentes de trabajo y pidieron que «no se obstaculice el acceso de las empresas a nuevas áreas de exploración».
Desde el MPN, en tanto, se contestó que «el proyecto viola el artículo 17 de la Constitución nacional porque es confiscatorio; es inconstitucional porque trata de impedir la exportación de hidrocarburos, que es una facultad delegada de las provincias a Nación; se contrapone con decretos nacionales que otorgan a los concesionarios (empresas) libre disponibilidad de productos, y no puede ser considerado una cláusula transitoria de la Constitución provincial porque no tiene vínculo alguno con su texto actual».
Durante 2005, Neuquén percibió por regalías petrogasíferas unos $ 1.340 millones, de los cuales 300 corresponden a la exportación de petróleo y gas. Desde el sindicalismo petrolero -en este caso, coincidente con el razonamiento empresarial- se dejó trascender que la sola suposición de reestatizar la exploración, industrialización y comercialización de los recursos hidrocarburíferos tendría una incidencia fuertemente negativa en las inversiones locales -que le han permitido a Neuquén mantener un ritmo de crecimiento superior a la media nacional- y generaría un cuadro de conflictividad jurídica que barrería con cualquier pretensión de traer capitales para el aprovechamiento de sus recursos naturales.