6 de junio 2008 - 00:00
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A partir del retorno de las conversaciones en Buenos Aires -de manera privada- entre el sindicato y los empresarios del sector, finalmente fue pospuesta para el próximo miércoles a las 17 la audiencia prevista para ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación que conduce Carlos Tomada, con el compromiso de que mientras tanto no habrá medidas de fuerza.
Los sindicalistas exigen una recomposición salarial que incluye, por caso, una suba del salario mínimo de 20%, entre otras concesiones.
La protesta hoy latente de la organización que conduce Alberto Roberti -que ventila la posibilidad de tomar plantas en todo el país- involucra a los trabajadores ligados al gas licuado de petróleo, encargados del llenado de las garrafas y de su distribución para su posterior venta.
La última huelga del área se llevó adelante a lo largo de 14 días, en noviembre pasado, y causó graves complicaciones en la provisión del gas envasado, sobre todo en la Región Nordeste por su restricción total del acceso al gas natural.
Hoy, sin embargo, y al ritmo de la virulenta interna sindical que los enfrenta, a la embestida de Roberti no se plegó el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz (que conduce Héctor «Chaco» Segovia), ni tampoco el que agrupa a neuquinos y rionegrinos (de Guillermo Pereyra) ni el de los chubutenses (liderado por Mario Mansilla). De hecho, recientemente tanto Pereyra como Mansilla -en cuyos distritos se asientan los yacimientos más importantes del país- se escindieron de la federación.
Días antes, habían rubricado una suba salarial de 19,5% en la Casa Rosada, con Cristina de Kirchner, los petroleros rionegrinos y neuquinos liderados por Pereyra. En este caso, se arribó a un entendimiento sin medidas de fuerza.




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