Frente a la asfixia financiera que signa a las arcas del interior, los gobernadores planean pedirle a Cristina de Kirchner cambios en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que desde agosto de 2004 -y a instancias del por entonces presidente Néstor Kirchner- pone un tope al endeudamiento y al gasto de las provincias.
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La pretensión apunta a tener mayor libertad para destinar recursos a gastos corrientes, como el pago de salarios.
Entre quienes picaron en punta en este sentido se encuentra el justicialista mendocino Celso Jaque. «Voy a hablar con los legisladores nacionales por Mendoza y con otros gobernadores para pedir cambios en la ley», anticipó, además de resaltar que la norma «no contempla crisis como las emergencias sanitarias o las crisis sociales, que requieren de atención destinando gastos de capital a gastos corrientes».
«Hoy no podemos usar el dinero que tenemos en gastos corrientes porque la ley no nos lo permite; por eso queremos insistir con nuestros legisladores y con la Nación», sostuvo, en sintonía, el ministro de Hacienda local, Adrián Cerroni.
«Queremos que la ley se mantenga, pero básicamente pedimos cambios en los artículos 10 y 19», afirmó, por su parte, un colega de Cerroni consultado anoche por este diario. Hizo así referencia, por caso, a que la tasa de aumento del gasto público primario no puede superar la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Interno.
La aspiración, en rigor, ya fue elevada por algunos mandatarios a la Presidente en el marco de la ronda de diálogo político que culminará esta semana. Se trata de una jugada de riesgo, ya que la norma -que estipula además que el endeudamiento no podrá superar el 15% de los recursos- activa una suerte de malla de contención para evitar que se desboquen aún más los gastos de las provincias, a riesgo de sanciones a las administraciones locales.
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