Grave: tercer embargo a las cuentas mendocinas

La medida fue dispuesta por el conjuez Luis Cuervo del 10° Juzgado Civil, 48 horas después de que el gobernador Roberto Iglesias enviara a la Legislatura dos proyectos de ley para coartar un reclamo de indexación salarial de 24 jueces.El bloqueo de los fondos públicos tomó por sorpresa al Ejecutivo provincial, ya que a pesar de la avanzada legislativa el gobernador había anunciado el mismo viernes que abriría el diálogo con el Poder Judicial. Y diligenció a su ministro de Gobierno, Juan Carlos Jaliff, para que convoque a una audiencia de conciliación con los jueces.
Pero la voluntad de Iglesias no alcanzó para frenar el malestar que causó en los magistrados la presentación de los proyectos en la Legislatura y la amenaza del gobierno provincial de llamar a una consulta popular (la Constitución mendocina permite hacer un plebiscito) en caso de que fracase la vía legislativa.
La determinación que Cuervo envió al Banco Nación fija la paralización de dinero de cuentas públicas hasta cubrir 1,1 peso. Tiene por objeto restituir a 1.200 empleados judiciales afiliados al gremio, el ajuste salarial correspondiente al último trimestre de 2001. A esto hay que sumarle también los intereses devengados calculados desde agosto de 2001 hasta diciembre del año pasado.
La acción fue promovida por los abogados Frías-Espinasse-Lucero quienes presentaron la denuncia de inconstitucionalidad en el juzgado de Cuervo en setiembre de 2001. Precisamente, días atrás cientos de empleados públicos acudieron ante los letrados para llevar su reclamo a la Justicia, por lo que se estima que podrían producirse nuevos embargos.
Por eso Iglesias apuró el fin de semana el tratamiento de sus proyectos en la Legislatura. En rigor, las iniciativas permitirían contener el primer conflicto con el Poder Judicial, basado en el pedido de actualización de sueldos de 24 magistrados, que representaría a la provincia una erogación de $ 6 millones por año.
El primero de los proyectos pide decretar la autarquía del Poder Judicial, para obligarlo a manejar sus propios fondos y resolver de esta manera los planteos salariales. El segundo, apunta a derogar la norma de ajuste salarial por inflación, aplicada vía decreto en 1984, fecha desde la cual los judiciales gozan de un ajuste trimestral.
Además, otro privilegio con el que quiere terminar Iglesias es con la eliminación de la ley enganche, que el ex gobernador José Octavio Bordón reinstaló en 1989 y a través de la cual los sueldos de los judiciales se fijan en función a lo que cobra un ministro de la Corte.