Guernica: señal de Kicillof contra tomas para salir de encrucijada

Ambito Nacional

Usurpación tenía a maltraer al mandatario, que recibía cuestionamientos por izquierda y por derecha. Se alinea así a sus pares provinciales que rechazaron las ocupaciones que escalan en todo el país.

Axel Kicillof puso fin a la espinosa toma de Guernica al hacer ayer efectiva la orden judicial de desalojo y salir con paso de equilibrista de una situación que lo ponía contra las cuerdas, con golpes que llegaban (llegan) cruzados, por izquierda y por derecha.

El operativo realizado en las primeras horas de la mañana por cuatro mil efectivos, encabezado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, llevó a enfrentamientos entre ocupantes del predio y la Policía, con un saldo de 35 personas detenidas.

Con el desalojo, el mandatario dio una señal alineada al resto de sus pares de otros distritos respecto a una cuestión que fue escalando, con un creciente malhumor social, y con réplicas tanto en otras partes de Buenos Aires como en una docena de provincias, con casos resonantes en Río Negro, Tucumán, Jujuy o los episodios en Entre Ríos en campos de la familia Etchevehere, muchos de ellos con lógicas completamente distintas.

La usurpación había comenzado en julio por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría. El juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo fue quien ordenó el desalojo del predio privado, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial y que tenía para hoy fecha límite de concreción.

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Campo. Andrés Larroque comandó los trabajos que permitieron relocalizar al 80% de las familias de forma voluntaria.

Campo. Andrés Larroque comandó los trabajos que permitieron relocalizar al 80% de las familias de forma voluntaria.

En la administración de Kicillof la decisión era anticiparse a ese plazo y ayer destacaron la voluntad inicial de encontrar una salida pacífica al conflicto. Una forma de mostrar que la expulsión por la fuerza de los ocupantes finales fue de última instancia, tras un trabajo de campo de meses para buscar soluciones económicas y sociales a un problema de raíces profundas, como el déficit habitacional y los alarmantes niveles de pobreza del conurbano. De hecho, en el Gobierno provincial destacan que el 80% de las familias ya había salido del predio previamente por voluntad propia, aceptando las opciones que la gestión bonaerense puso sobre la mesa. En la lista aparecen materiales de construcción, dinero para pagar alquileres o alojamientos en espacios transitorios.

En ese sentido, uno de los funcionarios más activos para resolver la toma, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, aseguró ayer que “se acordó con 734 familias su reubicación” y que se hicieron “todos los esfuerzos posibles” para lograr un desalojo pacífico de las tierras ocupadas en Guernica. “Es una situación que siempre quisimos evitar y produce dolor, pero lamentablemente hubo tozudez de algunos sectores de obturar cualquier tipo de acuerdo”, planteó.

También el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que durante el desalojo del predio ubicado en el municipio de Presidente Perón “se dio cumplimiento a lo que impartió la Justicia”. “Hay cuestiones que no están sujetas a discusión, sino que se debe acatar lo que dice la ley”, dijo Bianco. Y agregó: “La postura del Gobierno es clara: en la Constitución Nacional y provincial está prevista la propiedad privada, y cuando hay usurpación, actúa la Justicia”.

Una forma de transitar por el centro los cuestionamientos por derecha y por izquierda que recibió Kicillof. Por un lado las agrupaciones sociales y de izquierda que ayer se manifestaban contra la acción policial con cortes y marchas en Puente Pueyrredón, frente al Obelisco, en la Autopista Buenos Aires- La Plata, el hospital Posadas, Mar del Plata y la municipalidad de Presidente Perón. Por otro, el nervio sensible de la propiedad privada empezaba a requerir acciones. Y, para colmo, el “Programa de Asistencia Crítica y Habitacional” oficializado esta semana por Kicillof que define subsidios por hasta 50 mil pesos mensuales entre octubre y diciembre para “atender a la población vulnerable” (prorrogable por tres meses en casos extremos) disparó cruces con referentes de Juntos por el Cambio, que rechazaron la medida. La medida es vista por los opositores más como un aliciente a las usurpaciones que como una solución.

El propio Kicillof lo mencionó ayer en una conferencia en Bahía Blanca: “Es una situación compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución”. “La segunda prórroga terminaba mañana. El juez y el fiscal entendieron que había que ejecutar el desalojo, que se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia”, añadió. Como sus ministros, resaltó el censo con que se identificó a 1.904 personas y las mesas multisectoriales que buscaron desarticular la ocupación por las buenas.

También Kicillof se alineó al resto de los mandatarios que dieron señales clara contra las tomas, y ordenaron desalojos sin medias tintas, ya sean oficialistas, opositores o satelitales. El tucumano Juan Manzur, el radical Gerardo Morales o la rionegrina Arabela Carreras del sello provincial JSRN optaron, por distintos métodos, de cortar con las usurpaciones (ver aparte).

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