A menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei presenta su segundo proyecto de ley que no especifica su impacto fiscal ni el origen de los fondos para su financiamiento. Primero fue la reforma laboral, que incluye un capítulo impositivo con bajas y derogaciones significativas, y con impacto en las arcas provinciales. En las últimas horas, con Patricia Bullrich a la cabeza, los libertarios reflotaron (y sumaron al período de extraordinarias) el nuevo Régimen Penal Juvenil, que también va a contramano del "no hay plata" que repite el Presidente. Por mucho menos, el Poder Ejecutivo incumple la Emergencia en Discapacidad.
A menos de un mes de sancionar el Presupuesto 2026, Javier Milei impulsa dos leyes con costo fiscal desconocido
En la agenda de extraordinarias hay dos iniciativas del oficialismo que no están contempladas en la "ley de leyes". En ambos casos, se desconoce su impacto fiscal y fuente de financiamiento. ¿Seguirá en pie el superávit fiscal?
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Lo que la Casa Rosada le exige a la oposición no lo incluye en sus proyectos de ley.
Pese a los pronunciamientos de la justicia y la insistencia por parte del Congreso, Javier Milei se niega a cumplir con la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2027. Tal es así que días atrás, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni repartió los créditos presupuestarios de este año, no contempló los fondos para esa ley ni tampoco para la de Financiamiento Universitario, también insistida por el Congreso.
¿Por qué incumple la normativa? Milei argumenta que la redacción de la iniciativa va a contramano de la Ley de Administración Financiera. Allí, palabras más, palabras menos, se establece que los proyectos deben especificar de dónde salen los fondos para su financiamiento. Y, de acuerdo a su mirada, el proyecto no lo contempla.
Ahora bien, el artículo 19 de la ley indica lo siguiente: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.
En otras palabras, deja en manos del ministro coordinador, por aquel entonces Guillermo Francos, hoy Adorni, de dónde sacar los fondos. Siempre y cuando, no afecten los créditos destinados a “Servicios Sociales”. De alguna manera, el Congreso le dio vía libre al Ejecutivo, tal cual hizo el propio Gobierno durante sus dos primeros años de mandato, por no contar con Presupuesto propio; los montos contemplados en la última “ley de leyes” sancionada en la era Alberto Fernández habían quedado desactualizados.
Pero hay más. Cuando la Emergencia comenzó a discutirse en Diputados, el presidente de la comisión de Presupuesto José Luis Espert (LLA) le había solicitado a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que estimara el impacto fiscal de la ley impulsada por prácticamente todos los espacios políticos representados en la Cámara baja.
A continuación, el gráfico que formó parte del informe elaborado por la OPC, a pedido de Espert:
Es decir, al momento de sancionarse la emergencia, se conocía su impacto fiscal (hasta donde se podía prever), así como también de dónde obtener los fondos para su financiamiento.
Así y todo, LLA se negó a reasignar partidas presupuestarias; acusó a la oposición de querer romper el equilibrio fiscal alcanzado por Javier Milei y hasta se la tildó de “golpista”. Al día de hoy, el jefe de Gabinete, encargado de la administración del Estado, sigue incumpliendo la ley.
Doble vara
La negativa de Milei de cumplir con la ley sancionada y luego insistida por el Congreso es llamativa. Es que, en 2024, cuando el Gobierno impulsó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que en las últimas horas reflotó a raíz del asesinado del joven Jeremías Monzón en Santa Fe, la redacción del artículo de financiamiento es casi idéntico a la de Emergencia en Discapacidad.
Basta con ir al artículo 52 del dictamen de comisión, firmado en mayo del año pasado en Diputados, para comprobarlo. “Asignación presupuestaria. Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio. Al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.
Es decir, igual que la Emergencia en Discapacidad, el texto impulsado por el Poder Ejecutivo y avalado por los diputados de LLA y aliados que integraron las 4 comisiones que abordaron el tema, deja en manos del jefe de Gabinete la reasignación de partidas presupuestarias. En este caso, para cumplir con la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil. Nota al pie: hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el grueso de las leyes, al especificar el financiamiento de las mismas, ya se redactaban.
Pero lo curioso es que Espert, cuando el Régimen Penal Juvenil se debatió en comisión, se negó a solicitarle a la OPC que analizara el costo fiscal de la ley. El presidente de la comisión de Presupuesto –vale la pena aclarar– es el único facultado a hacerle ese requerimiento a la oficina.
En aquella oportunidad, el diputado caído en desgracia por sus vínculos con el narcoempresario “Fred” Machado, llevó al debate en comisión otro cálculo. Uno elaborado por los ministerios de Justicia y Seguridad.
De acuerdo a los datos que arrojó Espert –quien aseguró en esa exposición que él había hecho los cálculos “personalmente”– el costo de la implementación de la ley sería el equivalente al “0,34% del Presupuesto 2024”, o bien, el “0,0042% del PBI”.
Ese cálculo despertó sospechas en los diferentes espacios políticos. “El Poder Ejecutivo hizo un cálculo berreta, nunca quisieron que el tema tenga un tratamiento serio en Presupuesto”, dijo un diputado que siguió de cerca aquel debate, y remató: “Hacen como si todo lo que implica en el proyecto no saliera plata”.
Ese mismo día, Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, le pidió públicamente a Espert que enviara el texto a la OPC. Jamás lo hizo. Por estas horas, en el Ministerio de Justicia dan casi por hecho que la Casa Rosada reflotara ese dictamen, que a finales de noviembre perdió estado parlamentario.
Reforma laboral: ¿hay plata?
Con el dictamen de la reforma laboral firmado en el Senado hacia finales de diciembre ocurrió algo similar a lo del Régimen Penal Juvenil. El texto, también impulsado por el Ejecutivo, no especifica su financiamiento, pese a que incluye, por caso, una serie de derogaciones y bajas impositivas. Y que, para colmo, en muchos casos tienen un impacto en las arcas provinciales, por tratarse de impuestos coparticipables.
Al mismo tiempo, el libertario Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto, tampoco giró el texto a la OPC. Conclusión: se desconoce su impacto fiscal y su fuente de financiamiento.
De yapa, la reforma laboral y el régimen penal juvenil se impulsaron a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026. Es decir, el financiamiento de ambas leyes, en caso de ser sancionadas, no están contempladas en la “ley de leyes”. Sino que quedará en manos de Adorni la reasignación de partidas presupuestarias.
Casualmente, se trata del presupuesto que, tal cual se ufanó Milei, refleja un superávit fiscal del 1,5% del PBI. ¿Cuánto de ese porcentaje quedará en pie si las dos iniciativas reciben luz verde en el Congreso?
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