22 de abril 2022 - 00:00

También Jujuy aprobó ley de “Ficha Limpia”

Se suma a sanciones ya en Mendoza, Salta y Chubut. Gobernador Gerardo Morales destacó que "mejora la calidad democrática".

Gerardo Morales
Gerardo Morales

La Legislatura de Jujuy aprobó ayer un proyecto de ley de “Ficha Limpia” que modifica sendos artículos del Código Electoral local y de la norma orgánica de partidos políticos para fijar que quienes tengan una condena en segunda instancia no podrán ser candidatos a cargos electivos provinciales o municipales mientras dure la pena o su eventual revocación.

De esta manera, la provincia norteña se convirtió en el cuarto distrito en adoptar el mecanismo, tras las sanciones de rigor activadas ya en Mendoza, Chubut y Salta. El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Cinthya Alvarado, miembro -desde un partido provincial- del Frente Cambia Jujuy que lidera el radical Gerardo Morales.

“Con la aprobación del proyecto de Ficha Limpia en Jujuy seguimos implementando acciones concretas que mejoran la calidad democrática y que son adecuadas para impulsar la transparencia en la Argentina”, señaló el mandatario, actual presidente de la UCR nacional y aspirante a dar batalla por el sillón presidencial en 2023.

Morales además agradeció a los legisladores “por su trabajo y por su compromiso democrático”.

En su artículo 1, el retoque sancionado ayer agrega a los requisitos para las próximas postulaciones que “no podrán ser candidatos a cargos electivos municipales y provinciales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras duren la condena o su eventual revocación”.

La medida alcanza a un lote de delitos contra la administración pública, contra el orden económico y financiero, contra las personas cuando el resultado sea la muerte, contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad y contra los poderes públicos y el orden constitucional, entre otros.

“No es una inhabilidad permanente ni se establece como pena accesoria, sino más bien es una medida de tipo precautoria para buscar cuidar a la sociedad”, dijo la diputada radical Gabriela Burgos, cuya bancada presentó el proyecto.

A través de esta normativa, de tres artículos, “el candidato o la candidata al momento de la aceptación del cargo ante el Tribunal Electoral y de solidaridad con la plataforma electoral o programa político de su partido, deberá indicar que no está bajo impedimento por haber sido condenado o condenada por algunos de los delitos antes descriptos, teniendo la misma fuerza de declaración jurada”.

Además señala que, “en caso de no cumplimentarse ese requisito, se considerará como no oficializado el candidato o candidata e impedido para participar en el acto electoral”.

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