El municipio de La Matanza, que conduce el peronista Fernando Espinoza, concretará una presentación judicial contra la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una “deuda histórica” de más de $100 mil millones en concepto de “tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano” por “la masiva deportación de pobres, formando las villas en terrenos fiscales de la Nación” en ese partido durante el período de facto.
La Matanza irá a la Justicia contra CABA por “deuda histórica”
En el distrito que conduce Fernando Espinoza agitan monto de más de $100 mil millones en tasas no pagadas e impacto en desarrollo.
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Desde el equipo jurídico que asesora al distrito más populoso del Conurbano señalaron -en diálogo con Télam- que esa deuda tiene sus inicios en las relocalizaciones de las villas porteñas activadas por los gobiernos dictatoriales en territorios pertenecientes a la Nación y ubicados en enclaves de la provincia.Al igual que otros municipios, La Matanza recibió habitantes de barrios populares de la entonces Capital Federal -que todavía pertenecía a la órbita del Estado nacional porque no era autónoma- y que fueron ubicados en terrenos fiscales nacionales por los que “nunca se pagaron las tasas municipales”.Por eso uno de los puntos que La Matanza reclama a la Ciudad administrada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es una “deuda por $20 mil millones en tasas municipales no pagadas”.Pero además los cálculos de expertos ambientalistas y urbanistas -en concurso con sociólogos, psicólogos sociales y analistas del comportamiento del individuo- establecen en “al menos $100 mil millones el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó y sigue provocando en territorio matancero”.En el repaso histórico que realizan desde el municipio, la Ciudad desplazó a los habitantes de sus asentamientos hacia precarias viviendas construidas con “carácter transitorio” en terrenos de su propiedad en La Matanza, denominados “Núcleos Habitacionales Transitorios”.“La transitoriedad hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno”, argumentan desde La Matanza.Asimismo, señalan que, “por ser transitorios, esos lugares se convirtieron en factores de contaminación en el amplio sentido del término y se violaron normas socioambientales comprobadas en todo el mundo, provocando hacinamiento y la inevitable generación de conductas masivas anómicas, creando un clima similar al de los campamentos de refugiados”.“Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres”, enfatizan desde el municipio, mientras definen los pasos a seguir.Los asesores legales validaron el reclamo en el concepto de “continuidad jurídica” que tiene la Ciudad y destacaron que la “deuda crece día a día” y demuestra que “el centralismo está lleno de falta de solidaridad social y de privilegios”.En el Poder Ejecutivo municipal además recordaron que “hace casi un año hubo una reunión entre el Gobierno nacional -representado por Gustavo Béliz-, autoridades eclesiásticas, el Gobierno porteño y La Matanza” por este tema, pero que “no hubo avances”.
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