23 de septiembre 2010 - 23:03
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Mario Cimadevilla; y los diputados Elsa Alvarez, Eduardo Costa (precandidato a gobernador de Santa Cruz), Ricardo Gil Lavedra, Silvana Giudici y Horacio Quiroga.
La UCR venció en 2007 en Río Gallegos al kirchnerismo en las pasadas elecciones legislativas y espera lograr el mismo desempeño en 2011 con la candidatura de Costa.
Por su parte, Gil Lavedra es, precisamente, el autor del proyecto radical de intervención mínima de Santa Cruz, que apadrina Sanz y que está acotada exclusivamente a asegurar el retorno de Sosa a la Procuración.
Se trata de la iniciativa -sobre cuatro proyectos de ley-que parece generar más consenso entre algunos diputados de los bloques opositores, aunque ayer volvieron a mostrar su reticencia, sobre todo, los enviados del peronismo federal.
Por eso los legisladores tampoco lograron ayer consensuar el apoyo formal a un único proyecto de ley para encarar el caso Sosa.
Pero en el encuentro -que tuvo como anfitriona a la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista disidente Graciela Camañose acordó generar una nueva reunión el próximo martes, en el marco de la cual se definiría las fechas de la reunión de plenario de la comisión, la citación a esa comisión del propio Sosa y de un ramillete de constitucionalistas.
Esta vez también participó el senador radical Gerardo Morales, quien se comprometió a plantear el tema en el bloque e impulsarlo además como temario de discusión en la Cámara alta, reticente en general a aplicar remedios federales.
En este marco, ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respaldó la denuncia de Claudio Espinosa -sucesor de Sosa en la Procuración-ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para evitar ser removido de su cargo, tras el fallo de la Corte Suprema.
Al respecto, el jefe de ministros aseguró que el conflicto planteado a partir de la orden del alto tribunal de reponer al ex procurador general «sólo tiene solución política».
«Espinosa tiene el mismo derecho de defender su posición (que Sosa)», aseguró Fernández, tras indicar que su designación en el puesto fue «un hecho incontrastable».



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