Legislatura complica a Rovira gestión 2004

El paraguas previsional que cerraron el pasado jueves legisladores justicialistas enrolados con Ramón Puerta y radicales le representa a las arcas misioneras cerca de $ 13 millones anuales. Mayor impacto tendría la potencial eliminación de la segunda Ley de Emergencia, que según fuentes del gobierno local activará automáticamente el pago de sentencias judiciales pendientes, al menos por entre $ 150 y $ 200 millones. Sin embargo, desde el PJ oficial aseguraron ayer que su intención es avanzar mañana en la derogación «parcial» de esa ley, lo cual no implicará descongelar sentencias judiciales ni exigir al gobierno el pago de los bonos CEMIS en dólares, y sí en cambio apuntará a destrabar pagos a acreedores corrientes y comunes, entre ellos aportes a gremios y partidos políticos.
La actual conformación de la única cámara misionera es un mal trago para Rovira, quien debe lidiar con 35 legisladores opositores, sobre 40. Las fuerzas estarán más equilibradas en cambio a partir del 10 de diciembre, luego de la victoria electoral del transversal Frente Renovador -compuesto por sectores del justicialismo y de la UCR-, aunque el PJ y la UCR «puros» podrían arañar la mayoría propia, si los vientos negociadores soplan a su favor.
Ante la nueva avanzada legislativa, en el gobierno de Rovira advierten que «la emergencia social aún no está superada» y recuerdan que en 2004 el Estado misionero debe volver a pagar los vencimientos de deuda, congelados por la reprogramación encarada por Nación.
En paralelo, los técnicos del área de Hacienda de Misiones continúan trabajando en la renegociación de su deuda con Nación y con organismos de crédito, bajo la premisa de asegurarse un superávit en 2004 de cerca de $ 40 millones. «Caída la Ley de Emergencia nos quitan la posibilidad de renegociar la deuda», aseguró ayer un rovirista.
La Ley de Emergencia Previsional fue gestada hace cerca de dos años por Rovira e imprimió un techo de 3 mil pesos a las jubilaciones de mayor monto. Ayer desde el gobierno provincial anunciaron que vetarán la derogación del jueves, para lo cual tienen 10 días hábiles de plazo. «Son 400 personas beneficiadas -entre ex legisladores provinciales y miembros del Poder Judicial- que van a ver duplicados sus ingresos», aseguró un allegado al mandatario.
Pero mañana podría gestarse un inconveniente mayor para la segunda gestión de Rovira, si es que finalmente la oposición concreta la amenaza de derogar parte o la totalidad de la Ley de Emergencia Económica, que adormece pagos pendientes del Estado misionero.
Si cae la ley en su totalidad, como temen en el oficialismo, se harán operativos los pagos de sentencias frenadas en la Justicia por entre $ 150 y $ 200 millones. «Pero hay posibilidades de que ese monto escale a 700 u 800 millones -casi un presupuesto completo-, si es que además se avanza en la dolarización de los bonos CEMIS», advirtió una fuente cercana al gobernador. «Si la derogan, directamente nos funden», graficó.
De concretarse la derogación de la Ley de Emergencia Económica, ya cuenta con el veto casi cantado de Rovira.