15 de mayo 2003 - 00:00

Lemme a jueces: "No acepto otra instancia"

Lo informó ayer la gobernadora Alicia Lemme después de reunirse con los ministros del alto tribunal Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’onnor y Adolfo Vázquez, a quienes interiorizó del proceso de negociación que llevó adelante con el Banco Nación para acordar el reintegro de los fondos.
El próximo jueves vencerá el plazo que tiene la entidad para contestar el traslado de la liquidación del monto que reclama la provincia. Para el gobierno sanluiseño, son 138,2 millones de dólares los que debe recuperar, mientras que el Nación en principio reconoció 137,8 millones y después quiso bajar ese monto en 30 millones más, en función del decreto reglamentario de los BODEN 2013.
 Sentencia
Lemme pidió a los jueces que,
inmediatamente transcurrido ese período, el alto tribunal ejecute la sentencia que ordenó la redolarización de las reservas sanluiseñas.
«Una vez que el banco haga su descargo, el expediente estará terminado y la Corte ya podrá expedirse definitivamente», señaló a
Ambito Nacional el secretario Legal y Técnico Eduardo Allende, quien junto al ministro de Economía, Claudio Poggi, acompañó a la gobernadora en las audiencias.
La mandataria le transmitió primero a Nazareno y a Moliné O’onnor y después a Vázquez que ya
no aceptará otra instancia que no sea la judicial.
 Optimismo
Si bien las autoridades provinciales se mostraron «optimistas» con relación a un desenlace inmediato y hasta habrían encontrado disposición de los tres ministros de resolver el caso en forma urgente,
nada asegura que ello pueda ocurrir en los tiempos que espera la provincia, es decir antes de fin de mes.
Es que
el nuevo escenario político institucional que se presenta con el recambio de gobierno podría influir y prolongarse la determinación final. Lemme les planteó que, habiendo concluido el segundo proceso de negociación que se abrió tras el fallo redolarizador sin resultados positivos, su administración no admitirá otra etapa de conciliación porque las dos anteriores fracasaron.
«La provincia exige que directamente se ejecute la sentencia y se ordene el pago», sostuvo Allende.

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