“Maldita coparticipación”

Independientemente de las buenas intenciones del gobierno provincial, la pobreza de los recursos es una de las causas fundamentales que impiden que se brinde un adecuado servicio de seguridad urbana y rural. Ello así, en tanto las posibilidades de financiamiento de la provincia se encuentran injustamente limitadas por el esquema actual de coparticipación federal. Algunos cálculos indican que de cada cien pesos que la Nación obtiene, sólo devuelve a Buenos Aires algo menos de trece pesos.La situación antedicha se agrava con la reimplantación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que no se coparticipan y en las cuales los productores bonaerenses realizan un aporte importante. Lo expuesto no implica desconocer las razones de solidaridad que fundamentan un sistema que privilegia a las provincias que menos recaudan. Simplemente, se trata de aceptar que la mayor parte de la población argentina habita en la provincia de Buenos Aires y que sus necesidades son insoslayables. Además, resulta curioso observar que los estados federales que menos aportan a la Nación suelen ser los que tienen el mayor porcentaje de gasto público en relación con su población.
Una situación similar padece la provincia de Santa Fe, otra de las que más aporta y menos recibe en términos de coparticipación de impuestos. Incluso la Ciudad de Buenos Aires se ve afectada en el reparto, aunque lo disimule con abundantes recursos propios. La situación es compleja y no existen soluciones simples, pero puede ser éste el momento indicado para afrontar el desafío, en tanto existe un nuevo gobierno nacional que busca solucionar problemas estructurales y recurrentes.
 Discriminación
En definitiva, paliar -aunque sea un poco- la discriminación que sufren las jurisdicciones que más riqueza generan implicaría la posibilidad de que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida.
En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el llamado conurbano bonaerense tiene los peores índices sociales y educacionales de la República. Las ciudades santafesinas de Rosario y Santo Tomé, por cierto, no carecen de dificultades similares. Ambas provincias, grandes contribuyentes de los recesivos gravámenes que implican las retenciones a las exportaciones agropecuarias y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, deben hacer causa común para intentar cambiar una situación injusta que las aflige por igual.

(*)Abogado y diputado nacional por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.